Departamento de Justicia acusa a texano por amenazar con disparar a funcionarios electorales de Georgia

Agentes del FBI detuvieron a un hombre de Texas acusado de utilizar Craigslist para alentar el asesinato de administradores electorales y otros funcionarios el día antes de que una turba irrumpiera en los pasillos del Congreso el 6 de enero de 2021.

Los fiscales federales acusaron a Chad Stark de utilizar el sitio web para hacer un llamamiento a los “Patriotas de Georgia” a “darles un balazo” a los funcionarios federales, estatales y locales, según una acusación de tres páginas presentada el 21 de enero.

“Patriotas de Georgia, es hora de matar”, expresaba Stark en su post, según la acusación.

“Es hora de invocar nuestra Segunda Enmienda... es hora de meterle una bala al chino traidor [Funcionario A]”, escribió, según los fiscales. “Luego trabajamos nuestro camino hacia abajo a [otro funcionario] los jueces corruptos locales y federales”.

Continúa amenazando a un tercer funcionario, identificado como Funcionario C.

“Un buen y leal cazador de ciervos patriota con camuflaje y un rifle puede enviar un mensaje muy claro a estos gobernantes corruptos”, escribió, según la acusación. “Milita [sic] en Georgia es hora de derramar sangre... tenemos que hacer una visita a [la Funcionaria C] y a su familia también y ponerle una bala detrás de la oreja”.

Stark fue acusado de un cargo de comunicación de una amenaza interestatal.

Se trata del primer caso penal presentado por el Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales del Departamento de Justicia de EE.UU., que puso en marcha este organismo el verano pasado para combatir las crecientes amenazas de violencia contra los trabajadores electorales.

“No existe el derecho de la Primera Enmienda a amenazar ilegalmente con dañar o matar a alguien”, indicó el viernes el fiscal general de EE.UU. Merrick Garland en declaraciones a la Conferencia de Alcaldes de EE.UU.

“El Departamento de Justicia seguirá haciendo todo lo posible para responsabilizar a quienes atacan a los funcionarios públicos con violencia”, aseveró.

Una mentira persistente y las teorías de conspiración que afirman falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas a Donald Trump, y una narrativa infundada de que los votos fueron manipulados para socavar el resultado, han alimentado los ataques y las amenazas de violencia contra los trabajadores electorales no partidistas, al tiempo que han movilizado las campañas republicanas para los cargos públicos.

Uno de cada tres trabajadores electorales se siente inseguro a causa de su trabajo, y uno de cada seis trabajadores se ha enfrentado a amenazas mientras ayudan a gestionar las elecciones del país, según un reporte de 2021 del Centro Brennan para la Justicia de la Escuela de Derecho de Nueva York.

“Todo esto representa un peligro mortal para la democracia estadounidense, que no puede sobrevivir sin servidores públicos que puedan dirigir nuestras elecciones de forma libre y justa”, según el informe.

Reuters identificó más de 100 amenazas de muerte o violencia contra trabajadores electorales, y cientos de reportes de intimidación y acoso.

Dos mujeres de Georgia demandaron al sitio web de conspiración de extrema derecha Gateway Pundit por difamación, alegando que el sitio y sus propietarios publicaron a sabiendas historias falsas que desencadenaron abusos que obligaron a una mujer a abandonar su casa durante dos meses, por consejo del FBI.

Esas mentiras fueron repetidas por el abogado de Trump, Rudy Giuliani, y por el propio expresidente, que mencionó a una de las trabajadoras por su nombre 18 veces durante una llamada en la que parecía presionar a los funcionarios de Georgia para que “encontraran” votos que influyeran en los resultados electorales del estado.

Esa llamada está en el centro de una investigación de la principal fiscal del condado de Fulton, la fiscal de distrito Fani Willis, que busca un gran jurado especial como parte de su investigación sobre “intentos coordinados de alterar ilegalmente el resultado” de las elecciones.

En una declaración el jueves, Trump arremetió contra la solicitud, insistiendo en que “no dijo nada malo” y que su llamada con el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger -a quien Trump sugirió que podría ser procesado penalmente si su oficina no seguía las afirmaciones del expresidente- fue “perfecta”.