Steve Bannon merece una sentencia de seis meses por “desafío y desacato”, afirma el Departamento de Justicia

El exasesor de la Casa Blanca de Trump que se convirtió en podcaster de derecha Steve Bannon merece una sentencia de seis meses de custodia por haber seguido una “estrategia de mala fe de desafío y desacato” después de recibir una citación del comité de la Cámara de Representantes el 6 de enero, ha dicho el Departamento de Justicia.

En un memorando de sentencia presentado ante el juez federal de distrito Carl Nichols, los fiscales dijeron que Bannon debe recibir la sentencia máxima recomendada bajo las directrices federales, es decir, de seis meses de custodia de la Oficina de Prisiones “por su desacato sostenido y de mala fe al Congreso”. La audiencia de sentencia del exasesor de Trump está programada para el viernes.

El Departamento de Justicia también pidió al juez Nichols que impusiera una multa de US$200.000 porque Bannon se negó a cooperar con una investigación previa a la sentencia sobre sus finanzas.

“El expediente fáctico de este caso está repleto de pruebas de que, con respecto a la citación del Comité, el acusado actuó constantemente de mala fe y con el propósito de frustrar el trabajo del Comité”, escribieron el fiscal del Distrito de Columbia, Matthew Graves, y los fiscales de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, JP Cooney y Amanda Vaughn.

El memorando de 24 páginas relata la historia de cómo Bannon acabó convirtiéndose en la primera persona condenada por desacato al Congreso en décadas, después de que se negara a cumplir con una citación del 23 de septiembre de 2021 en la que se le ordenaba presentar documentos y comparecer para prestar declaración ante el comité selecto el 7 de octubre de 2021.

Los fiscales señalaron que la reacción inicial de Bannon a la citación no fue comenzar a recopilar documentos, sino ordenar a su abogado que “comenzara a llamar para identificar a un abogado del expresidente Trump para hacer una reivindicación de privilegio ejecutivo”, a pesar de que era “un ciudadano privado que no había trabajado en la Casa Blanca durante años” y la citación “buscaba registros e información totalmente no relacionados con el mandato del acusado allí”.

También señalaron que Bannon ha “explotado su notoriedad”, incluso a través de su popular podcast, War Room, para “mostrar al público… un desprecio total por los procesos gubernamentales y la ley”.

“A través de sus plataformas públicas, el acusado ha utilizado una retórica hiperbólica y a veces violenta para menospreciar la investigación del Comité, atacar personalmente a los miembros del Comité y ridiculizar el sistema de justicia penal”, escribieron los fiscales, y añadieron que las numerosas declaraciones públicas de Bannon muestran que sus acciones buscaban “socavar los esfuerzos del Comité para investigar un ataque histórico contra el gobierno”.

“En lugar de respetar el proceso de justicia penal y participar de manera significativa y seria en la defensa de su caso en la sala de audiencias, para el acusado, ‘pasar a la ofensiva’ significó recurrir a los insultos, la mímica y la retórica amenazante dirigida a la investigación del Comité y sus miembros”, aseguraron.

Los fiscales dijeron que la sentencia de seis meses solicitada, en lugar de la sentencia mínima obligatoria de un mes, es apropiada porque Bannon todavía se ha negado a presentar cualquier documento o a responder a las preguntas más de un año después de que se le entregara la citación.

También argumentaron que la negativa de Bannon a testificar debería ser tratada de la misma manera que no comparecer como testigo en un proceso penal por delito grave, y subrayaron que la gravedad de la investigación con la que se negó a cooperar hace que su conducta merezca un castigo más duro.

“Desde el momento en que fue citado inicialmente, el acusado ha demostrado que sus verdaderas razones para el incumplimiento total no tienen nada que ver con su supuesto respeto por la Constitución, el Estado de Derecho o el privilegio ejecutivo, sino que todo tiene que ver con su desprecio personal por los miembros del Congreso que conforman el Comité y su esfuerzo por investigar el ataque a la transferencia pacífica de poder de nuestro país”, escribieron, y también añadieron que su desprecio “se dirigía a un comité del Congreso convocado para investigar un ataque violento contra el Capitolio de los Estados Unidos, el peor ataque de este tipo desde que un ejército extranjero se lanzó sobre el Capitolio en 1814, y un esfuerzo sin precedentes para revertir una elección presidencial y detener la transferencia pacífica del poder”.

“La abyecta negativa del demandado a atender la citación del Comité, en las circunstancias a las que se enfrenta este país, no puede ser más grave”, concluyeron.

Los fiscales también argumentaron que el juez Nichols debería tener en cuenta la decisión de Bannon de “[aprovechar] su plataforma mediática para burlarse de los miembros del Comité a través de insultos ofensivos, burlarse de la investigación del Comité a través de una retórica que corre el riesgo de inspirar violencia, y ridiculizar el sistema de justicia penal a través de hipérboles”.

“El acusado tiene derecho a sus opiniones y a expresarlas a gritos; no hay nada delictivo en las opiniones del acusado o en la expresión de esas opiniones. Pero este Tribunal puede, y debe, considerar las declaraciones extrajudiciales del acusado para determinar sus motivos, evaluar su intención y medir el grado de su desprecio, incluyendo la valoración de su desprecio y falta de respeto general por el Estado de Derecho y los procesos de investigación y justicia penal que son cruciales para mantener una sociedad pacífica, legal y ordenada”, comentaron.

Añadieron que las declaraciones de Bannon deben ser consideradas como “una poderosa evidencia del alcance del desprecio criminal del acusado y demuestran un patrón de falta de respeto por la autoridad legal” y señalaron que “ha mostrado su desprecio por los procesos legales de nuestro sistema de gobierno” al negarse a cooperar con la investigación financiera de la sentencia.

“El desprecio del acusado por el Congreso y su autoridad legal continúa hasta el día de hoy, y no fue una aberración. Ha optado sistemáticamente y a fondo por la lealtad a una agenda personal, en lugar de la lealtad al Estado de Derecho y a las obligaciones básicas de la ciudadanía en una sociedad democrática ordenada”, argumentaron. “La sentencia que este Tribunal imponga debe abordar la creencia del acusado de que está por encima de la ley y de los procesos a los que sus conciudadanos se someten regularmente”.