Acusan a Grecia de penalizar migración y perseguir a las ONG

Entre los presos en la isla griega de Chios hay tres jóvenes de Afganistán y Somalia con largas condenas: 50 años para dos de ellos, una abrumadora sentencia de 142 años para el tercero.

Pero estos no son delincuentes violentos, ni siquiera según los veredictos de sus juicios. Fueron condenados por pilotar lanchas hinchables en las que viajaban con otros migrantes, según dicen cuando los contrabandistas les abandonaron en el Mar Egeo entre Turquía y Grecia.

“No creo que salvar a gente sea un crimen”, dijo Hanad Abdi Mohammad, de 28 años, un somalí acusado de contrabando de personas tras su llegada a Grecia el pasado diciembre. Ha sido condenado a 142 años de cárcel.

La semana pasada, Mohammad dijo a periodistas y a legisladores del Parlamento Europeo que visitaron a los tres hombres en prisión que no había tenido más opción que pilotar el bote. El contrabandista le obligó a tomar el relevo, le golpeó en el rostro y le amenazó con un arma antes de abandonar la embarcación en un mar embravecido. Y había vidas en juego. Incluso en retrospectiva, dice, “Volvería a hacerlo, mientras salvara vidas”.

Los críticos señalan que los casos de estos hombres, así como los juicios o las amenazas de procesos penales contra cooperantes, muestran el creciente arsenal de técnicas que emplean las autoridades de Grecia y otros países para disuadir a los solicitantes de asilo.

“No es posible que alguien que llega a pedir asilo en Grecia sea amenazado con estas duras sentencias simplemente porque se vieron forzados, por las circunstancias o por presión, a tomar el timón de un barco", dijo Alexandros Georgoulis, uno de los abogados que representa a los tres reos en Chios.

Las autoridades griegas, señaló, “básicamente han designado a la víctima de contrabando como contrabandista”.

El viaje de Mohammad también da una idea del caos que podrían encontrar los solicitantes de asilo en su viaje entre dos países separados desde hace mucho por una arraigada desconfianza.

Cuando el contrabandista huyó, los casi tres docenas de pasajeros aterrados temieron por su vida y renunciaron a llegar a Grecia. Mohammad dijo que llamó varias veces a la Guardia Costera turca para implorar un rescate. Pero cuando llegó, la patrullera turca hizo una agresiva maniobra en torno a la embarcación migrante, que arrojó agua al bote y la empujó hacia Grecia. Dos mujeres cayeron por la borda en las escenas de caos y se ahogaron.

La Guardia Costera griega rescató a los sobrevivientes y Mohammad ayudó a otros pasajeros a subir al bote de rescate. Admitió haber pilotado el barco tras la marcha del contrabandista. No se le pasó por la cabeza que pudiera acabar procesado como contrabandista.

También trabajadores y voluntarios de ayuda se han visto en problemas con las autoridades griegas. En un caso muy conocido, la trabajadora siria de derechos humanos Sarah Mardini, que es refugiada, y el voluntario Sean Binder fueron detenidos durante meses en 2018 bajo sospecha de espionaje, lavado de dinero y una larga lista de delitos. Niegan todos los cargos y afirman que no hacían más que ayudar a rescatar gente.

Grecia no es la única. Según la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, Alemania, Italia, Malta, Holanda, España y Grecia han iniciado 58 investigaciones y procesos legales desde 2016 contra entidades privadas implicadas en búsqueda y rescate.

“Creo que es importante pelear esto en los tribunales, en absoluto sentarnos y aceptar que nos muestren como contrabandistas o espías porque ofrecí CPR, con más frecuencia tan sólo una sonrisa, a alguien que estaba en problemas”, dijo Binder a AP. “Es escandaloso que se nos presente como a criminales. No lo acepto (...). No importa quién sea uno, no merece ahogarse en el mar”.

Binder y Mardini irán a juicio el 18 de noviembre en la isla de Lesbos por delitos menores de espionaje, falsificación y empleo ilegítimo de las frecuencias de radio. Enfrentan una pena máxima de ocho años, convertible en una multa. Aún siguen bajo investigación por delitos que podrían suponer sentencias de 25 años.

Dimitris Choulis, un abogado de la isla de Samos que suele representar a solicitantes de asilo y no participa en el caso de Binder, cree que los procesos penales o las amenazas de cargos están diseñados en parte para impedir que las organizaciones no gubernamentales documenten prácticas como la deportación ilegal sumaria de migrantes antes de que puedan pedir asilo.

“La única forma de impedir que las organizaciones humanitarias observen es lo que está ocurriendo en el Egeo de criminalizar el rescate”, dijo Choulis, que junto con Georgoulis representa a los tres hombres encarcelados en Chios.

Las autoridades turcas rechazan de forma rotunda que el país haga devoluciones ilegales, pese a los crecientes indicios de lo contrario. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, volvió a desmentir las acusaciones el martes pasado y dijo que su gobierno tiene una política migratoria “dura, pero justa”.

La mayoría de los casos que implican a ONG van más dirigidos a intimidar que a conseguir condenas, alegó Choulis, y la mayoría se quedan en la fase de investigación. Tres años después de su detención, Binder aún no ha sido acusado de ninguno de los delitos graves por los que está siendo investigado.

La policía griega anunció en julio una pesquisa penal contra 10 personas, incluidos cuatro trabajadores extranjeros de ONG, por acusaciones de contrabando de migrantes. Por ahora no se han presentado cargos.

La breve pero a menudo peligrosa travesía desde Turquía a las vecinas islas griegas es una ruta popular a Europa para las personas que huyen de conflictos y pobreza en África, Asia y Oriente Medio. Para combatir el contrabando de personas, Grecia introdujo una ley en 2014 que incluye fuertes penas para los contrabandistas de personas: 10 años por cada persona llevada de contrabando, o 15 años por persona si su vida corría peligro, así como cadena perpetua si alguien murió.

Pero los contrabandistas se adaptaron con rapidez. En lugar de llevar ellos mismos a la gente, persuadieron u obligaron a sus pasajeros a pilotas los botes, según numerosos testimonios de solicitantes de asilo. El resultado han sido condenas a inmigrantes por contrabando de personas.

“Nuestras prisiones están llenas de solicitantes de asilo que pilotaron un bote”, dijo Choulis. “Esto es absurdo”.

Aunque las sentencias son draconianas -aparte de los 142 años de Mohammad, los afganos Amir Zaheri y Akif Rasouli, ambos en la veintena, recibieron penas de 50 años cada uno- en realidad la ley griega limita a 20 años la estancia en prisión, reducible a 12 con buen comportamiento. Dado que trabajar en presión ayuda a reducir la condena, podrían salir en unos ocho años.

Aun así, es mucho tiempo para pasarlo encarcelado en lugar de labrándose una vida nueva.

Zaheri, con su esposa embarazada y un hijo pequeño, llegó en el mismo barco que Rasouli hace unos dos años. Los dos proceden de zonas distintas de Afganistán y no se conocían de antes. Como en el caso de Mohammad, el contrabandista abandonó su lancha y los pasajeros se turnaron para llevar el timón, dijeron.

Ambos fueron juzgados como contrabandistas. La primera vez que vieron a su abogado nombrado por la corte fue en el juicio, que duró unos minutos. El juez dedicó un minuto haciendo preguntas a cada uno, dijo Rasouli.

“50 años por un minuto”, dijo. “Lloré durante un mes”.

Ahora, con nuevos abogados, Zaheri y Rasouli tienen una vista de apelación en marzo. Mohammad no tiene fecha para su vista de apelación.

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Lorne Cook, en Bruselas, contribuyó a este despacho.