AI pide pesquisa por muertes en centros de mayores italianos

Amnistía Internacional pidió una investigación parlamentaria independiente sobre las muertes por COVID-19 en las residencias de ancianos de Italia y los reportes de represalias contra el personal que habló sobre las condiciones en los centros.

El grupo de defensa de los derechos humanos basó sus conclusiones en entrevistas con 34 trabajadores sanitarios, además de líderes sindicales y abogados. Un tercio de los trabajadores “plantearon su preocupación por un clima de miedo y represalias en sus puestos”, señaló en un comunicado el viernes.

Como en el resto de Europa Estados Unidos y gran parte del mundo, los asilos italianos registraron un importante porcentaje de las muertes por coronavirus, y las fiscalías de docenas de jurisdicciones han abierto investigaciones penales para determinar si pudieron haberse evitado.

Italia fue el primer país occidental en ser azotado por la pandemia y pronto sufrió desabastecimiento de equipos de protección, mascarillas y camas en hospitales, especialmente en la región de Lombardía la más afectada. Durante la primera ola de contagios, muchos residentes en centros de mayores de Lombardía no fueron llevados siquiera al hospital porque no había hueco para ellos.

Según Amnistía, algunos empleados que se quejaron por la falta de equipos de protección o plantearon otras preocupaciones por las condiciones poco seguras de sus puestos fueron sometidos a procedimientos disciplinarios.

Un caso citado por Amnistía fue el de Pietro La Grassa, un representante sindical de la mayor residencia de ancianos del país, Pio Albergo Trivulzio, en Milán

La fiscalía italiana abrió una investigación penal sobre el asilo luego de que La Grassa y un puñado de médicos y empleados hicieron sonar las alarmas por la cantidad de muertes al inicio de la pandemia. Algunos alegaron que la dirección les había dicho que no usasen mascarilla por miedo a asustar a los residentes, una acusación que los responsables niegan.

La Fiscalía de Milán decidió cerrar esa pesquisa sin presentar cargos, según reportó la agencia noticiosa italiana ANSA el 18 de octubre. Un tribunal de la ciudad ordenó en diciembre de 2020 que La Grassa fuese readmitido en su puesto.

La oficina de Amnistía en Italia publicó el año pasado un reporte titulado “Abadonados” en el que se asegura que las autoridades italianas habían violando los derechos humanos de los residentes en asilos en tres de las regiones más afectadas — Lombardía, Emilia-Romagna y Veneto — al no proteger su derecho a la vida y a la salud.

La cifra total de muertes en ese tipo de centros se desconoce ya que los residentes no se sometieron a pruebas de detección del virus al inicio de la pandemia y los presuntos decesos por COVID-19 no entran al conteo oficial de Italia. El Instituto Nacional de Salud italiano descubrió que al menos 9.154 personas perdieron la vida en asilos entre febrero y mayo de 2020, pero ese dato se basaba en respuestas parciales a una encuesta voluntaria entre un cuarto de las 4.600 residencias da ancianos estimadas en el país.