Anuncian juicios contra opositores en Nicaragua

La Fiscalía de Nicaragua anunció el lunes el inicio de juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021, incluyendo siete aspirantes a la presidencia arrestados tras anunciar su interés de disputarle el poder al mandatario sandinista Daniel Ortega que se reeligió para un cuarto mandato en las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre.

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que los juicios orales y públicos comenzarán el martes y que se juzgará a las personas detenidas en la cárcel policial conocida como “El Chipote” y a las que están bajo arresto domiciliario, entre ellas la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios (1990-1997).

Tras calificar a los detenidos como “criminales y delincuentes”, el informe indicó que se les juzgará “por haber violentado la Constitución Política, la Ley No. 1055, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua”. También por “cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, agregó.

Según organizaciones de la oposición, los 46 detenidos en 2021 son parte de unos 170 “presos políticos” que permanecen encarcelados desde 2018, a raíz de la revuelta social que puso en jaque al gobierno de Ortega y que fue reprimida violentamente por las fuerzas gubernamentales, con un saldo de al menos 355 muertos y más de 2.000 heridos.

Los detenidos “son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía”, aseguró el comunicado del Ministerio Público.

Los primeros reos a juzgar serán los jóvenes activistas Yader Parajón y Jaser Vado, con audiencias para el 1 de febrero, mientras que el 2 y 3 del mismo mes se realizarán los juicios a las dirigentes del opositor movimiento Unamos, Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez (una conocida excomandante guerrillera sandinista) respectivamente, dijo a The Associated Press Josefina Vijil, hermana de la opositora detenida y que recibió la notificación judicial. Ambas serán procesadas por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, según adelantó la Fiscalía a los abogados y a la familia.

También para el 3 de febrero se programó el juicio contra el líder estudiantil Lesther Alemán, que se dio a conocer por haber encarado a Ortega en la primera sesión del diálogo nacional realizado en mayo de 2018, en plena rebelión opositora. El abogado de Alemán, Enrique Genie, dijo a la AP que fue notificado formalmente de la audiencia y que espera estar presente en la misma.

Genie también es el abogado defensor de otros cinco “presos políticos”: el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre, el dirigente estudiantil Max Jerez y los líderes empresariales José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, todos detenidos entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre del año pasado.

El abogado Maynor Curtis, defensor del periodista Miguel Mendoza, detenido por publicar mensajes contra el gobierno en las redes sociales, dijo a la AP que su juicio está previsto para el 8 de febrero, y confió en que podrá ingresar a la audiencia. Curtis agregó que espera las notificaciones de otros cuatro detenidos que él defiende.

La semana pasada, un grupo de familiares de “presos políticos” firmaron un comunicado ofreciendo un diálogo con el gobierno de Ortega, que lleve a la liberación de sus parientes y a la anulación de lo que califican como “juicios políticos”. A ese llamado se han sumado ya más de 100 familiares, así como el sector privado y grupos de la oposición, pero no ha merecido una respuesta por parte del gobierno.

El Ministerio Público no informó dónde se realizarán los juicios. Sin embargo, según familiares de detenidos, en meses pasados varios reos fueron llevados a “audiencias secretas”, realizadas sin presencia de sus abogados y suspendidas sin explicación alguna.

Los familiares también aseguran que, en ese centro penitenciario, sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía los opositores presos han sido víctimas de “torturas” psicológicas y físicas, entre las que mencionan extensos interrogatorios, aislamiento en total oscuridad o con luz durante 24 horas, y mala alimentación.

La abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó de “insólito” el comunicado del Ministerio Público y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos “vaticinan una segura condena contra personas inocentes”.

“Nadie se debe llamar a engaño: estos no son juicios, son farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”, afirmó la jurista en entrevista con la AP.

Núñez exigió “la liberación inmediata y definitiva de todas las personas presas políticas” y advirtió que el gobierno de Ortega ha puesto en marcha “un plan de exterminio” de los opositores detenidos. “Al someterlos a tortura, sin alimentación ni medicinas adecuadas, están creando las condiciones para privarlos de la vida y estos juicios son parte de todo eso”, aseveró.