Asesinan a dos periodistas en México; van 11 en este año
Dos periodistas mueren baleadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con lo que se elevan a once los comunicadores asesinados en lo que va del año, que ha sido considerado el más mortífero para la prensa mexicana, anuncian las autoridades estatales
Dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con lo que se elevan a once los comunicadores asesinados en lo que va del año, que ha sido considerado el más mortífero para la prensa mexicana, anunciaron el lunes las autoridades estatales.
La periodista Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera, quien también laboraba para el medio, murieron en el municipio de Cosoleacaque, indicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía del estado de Veracruz al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.
La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, dijo en un comunicado que "no habrá impunidad, se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística”.
Las autoridades estatales activaron el operativo “Código Rojo” para iniciar la búsqueda y localización de los agresores.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo en su cuenta de Twitter que puso a disposición del gobernador de la entidad y la Fiscalía estatal las capacidades operativas y de investigación para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
“Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad”, dijo en su cuenta de la red social el gobernador oficialista de Veracruz, Cuitláhuac García.
Al confirmar los asesinatos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indicó que las comunicadoras fallecieron en un ataque con armas de fuego cuando se encontraban a las afueras de una tienda de autoservicio.
Las muertes ocurren a menos de una semana del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyo cuerpo fue localizado el 5 de mayo envuelto en una bolsa de plástico color negro en un camino de tierra cerca de la localidad de Culiacán, en el estado norteño de Sinaloa.
El sitio de noticias para el que trabajaba Ramírez Ramos, “Fuentes Fidedignas”, informó que había sido secuestrado cerca de su casa.
Un puñado de personas se concentró la tarde del lunes en el monumento del Ángel de la Independencia, en el centro de la capital mexicana, para protesta por el asesinato de Ramírez Ramos y otros comunicadores.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país.
La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%.
Las víctimas, como las que murieron el lunes, son en su mayoría integrantes de medios de comunicación pequeños y locales. El Veraz operaba una página de Facebook y parecía publicar casi exclusivamente avisos sobre eventos o información pública del gobierno del municipio.
Los gobiernos estatales y el federal de México han sido criticados por no prevenir los asesinatos ni investigarlos suficientemente.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un programa de “impunidad cero” para investigar los asesinatos la mayoría de los homicidios en México nunca son resueltos por las autoridades. López Obrador también ha mantenido sus habituales ataques verbales a periodistas críticos con su gobierno.
En febrero, la Sociedad Interamericana de Prensa llamó al gobernante a “suspender de inmediato las agresiones e insultos, porque este tipo de ataques desde la cúpula del poder fomentan la violencia contra la prensa”.
Un mes después, la Unión Europea aprobó una resolución en la que hizo un llamado a las autoridades, y en particular a las más altas, a "abstenerse de emitir cualquier comunicado que pueda estigmatizar a los defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios, exacerbar el ambiente en su contra o tergiversar su líneas de investigación.”