Colombia: indígenas se oponen al narcotráfico y son atacados

El pueblo Nasa que habita en el suroeste colombiano lucha por erradicar de sus tierras los cultivos de coca en Caldono, Cauca, una zona convulsa donde fue asesinada el martes la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué, quien estaba en contra de los cultivos ilícitos.

“Ella decía que por el territorio entregaba la vida y lo hizo. No nos habían dado un golpe tan duro arrebatando a una mujer indígena, dadora de vida”, dijo el viernes a The Associated Press Fredy Campo, consejero de la Asociación de Cabildos de Sath Tama Kiwe.

En la tarde del viernes se realizará la “siembra” del cuerpo de la lideresa, como el pueblo Nasa denomina la ceremonia, debido a que desde su cosmovisión no existe el concepto de entierro ni honras fúnebres.

“Ella retorna a la madre tierra, por eso tenemos la concepción de que es una siembra que vamos a hacer, porque su espíritu siempre nos va a acompañar”, explicó Campo.

El asesinato de la lideresa del resguardo La Laguna, de aproximadamente 5.000 habitantes, ha derivado en más hostigamientos contra la población indígena que decidió continuar con las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.

El jueves el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), conformado por 127 autoridades indígenas, denunció en un comunicado ataques de “grupos fuertemente armados” en contra de su población cuando hacían “control territorial”.

El CRIC reportó un saldo de al menos 30 personas heridas y 10 miembros del grupo armado “detenidos”.

En Colombia los grupos étnicos tienen autonomía sobre su territorio, por lo que conforman su propio gobierno y justicia de acuerdo con su cultura.

“Desde esta mañana se presenta una confrontación entre las comunidades indígenas y campesinas de la vereda Caimito (Cauca)”, indicó en un comunicado el viernes la Tercera División del Ejército “Se han presentado intentos de asonada en contra de la Fuerza Pública, para no permitir las acciones institucionales, las cuales serán de conocimiento de las autoridades”, agrega el documento.

Tras las declaraciones del Ejército, el CRIC solicitó al Ejército y al Estado “ser veraces y respetar este ejercicio de autonomía y dignidad”. Además, exigieron al gobierno el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que incluye un capítulo étnico.

La Comisión de la Verdad, creada a partir del acuerdo de paz con las FARC para esclarecer las causas del conflicto interno, aseguró que en Caldono se comente una “grave violación” de derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario.

“Exigimos a los grupos armados ilegales el respeto a la dignidad, integridad y armonía de los pueblos indígenas y al derecho a liberar en acciones de lucha sin armas sus territorios del narcotráfico”, indicó la entidad el viernes.

Según el último monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2019 se registraron 14.022 hectáreas de hoja de coca sembrados en 161 resguardos indígenas de todo el país. Esto representa un 9% del total nacional que se calcula en 154.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

El asesinato de la gobernadora indígena no se ha esclarecido y el gobierno ofrece una recompensa de 200 millones de pesos (alrededor de 55.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

El hecho fue condenado por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la ONU y las embajadas en Colombia de Noruega y Alemania “Urgen medidas efectivas para que la vida de las lideresas no se vea perjudicada por su quehacer en defensa de la vida, el territorio y sus comunidades”, escribió en Twitter ONU Mujeres el 20 de abril.

Colombia es según Front Line Defenders el país más peligroso para los defensores de derechos humanos: de los 331 líderes asesinados a nivel mundial, 177 se reportaron en este país suramericano.