La policía de Aurora, Colorado, tiene prejuicios raciales

El fiscal general de Colorado informó el miércoles que una investigación de derechos civiles iniciada ante la indignación por la muerte de Elijah McClain descubrió que el departamento de policía de la ciudad de Aurora tiene un patrón de prejuicios raciales.

El fiscal general Phil Weiser agregó que la investigación encontró que el departamento ha tenido durante mucho tiempo una cultura donde los agentes tratan a las personas de color, especialmente a los negros, diferente que a los blancos.

Dijo que la agencia también tiene un patrón de abuso de la fuerza, que con frecuencia intensifica los encuentros con civiles, y que no documenta adecuadamente las interacciones de la policía con los residentes.

“Estas acciones son inaceptables. Lesionan a las personas a las que se les ha confiado la aplicación de la ley”, declaró.

Weiser instó al departamento de policía a comprometerse con las reformas recomendadas en la capacitación de los agentes, con sus políticas sobre el uso de la fuerza y con las normas reforzadas para las paradas y detenciones policiales.

Prometió que si el departamento no lo hace, su oficina buscará una orden judicial que lo obligue. Sin embargo, recalcó que el departamento cooperó plenamente en la investigación.

La investigación, anunciada en agosto de 2020, fue la primera de su tipo, iniciada bajo una amplia ley de responsabilidad policial aprobada en Colorado el mes anterior en medio de las protestas por la muerte de George Floyd La pesquisa había comenzado varias semanas antes, pero no se reveló hasta el día en que los padres de McClain presentaron una demanda contra la alcaldía de Aurora. La demanda alega que el tratamiento que usó la policía contra McClain, un masajista de 23 años, fue parte de un patrón de comportamiento policial con prejuicios raciales que ha involucrado agresión y violencia contra las personas de raza negra.

Una ley de rendición de cuentas prohibió que los policías u otros empleados de agencias gubernamentales priven a las personas de sus derechos constitucionales y otorgó al fiscal general el poder para hacerlos cumplir.

Según la ley, si se encuentra que una agencia tiene “un patrón o práctica” de violar los derechos de las personas, el fiscal general debe notificar a la agencia las razones de esa creencia y darle 60 días para hacer cambios. Si la agencia no los realiza, el fiscal general puede presentar una demanda para obligarlos.