Compra de tierras en Colombia busca cerrar histórica brecha

Colombia dio un paso para resolver su histórico problema de la desigualdad en el acceso a la tierra con un acuerdo entre el gobierno y los ganaderos que permite que el Estado compre tres millones de hectáreas fértiles y las destine a campesinos.

El acuerdo firmado el fin de semana fue logrado entre los ganaderos, un sector conservador, y el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia. Ambas partes lo calificaron como “histórico”, porque permitiría hacer una reforma agraria que por décadas se ha prometido en el país.

El documento con el acuerdo, divulgado el lunes, detalla que el pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma que determine el gobierno. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo públicamente que no está autorizado comprar tierras con títulos de deuda pública.

Se trata de una meta ambiciosa, el mismo gobierno ha dicho que un buen escenario sería comprar 500.000 hectáreas anuales, por lo que los cuatro años de mandato no alcanzarían para comprar tres millones.

Petro reconoce que su principal reto es conseguir el dinero para adquirir la tierra. Calcula que necesita al menos 60 billones de pesos (unos 13.400 millones de dólares), casi tres veces lo que busca recaudar anualmente con la reforma fiscal que cursa en el Congreso.

Los retos no se limitan al dinero, se trata de resolver una de las causas estructurales de la violencia que por décadas ha vivido Colombia y de cumplir el primer punto del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina.

Se calcula que 5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas por población desplazada que huyó de la violencia, según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, durante el conflicto armado que se extendió durante cinco décadas y en el que participaron guerrillas y paramilitares.

Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea de tierras y campesinado del centro de investigación Dejusticia, explicó a The Associated Press que en las investigaciones han encontrado una correlación entre las demandas por el acceso a la tierra y la violencia en esos lugares.

“Hemos tenido una élite rural muy violenta que ante cualquier discurso redistributivo ha reaccionado con fuerza”, dijo Bautista.

Por eso, señala la experta, el acuerdo con los ganaderos como actor político que representa esa élite rural es histórico y podría representar un quiebre en esa relación para avanzar hacia una reforma rural.

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, celebró que con el acuerdo puedan ser constructores de paz y aseguró que es conveniente para su gremio.

“El gobierno habría podido adelantar procesos de adquisición de tierras sin nosotros, imponiéndonos unilateralmente las condiciones... o contra nosotros a través de mecanismos confiscatorios”, advirtió la víspera en un video difundido a la prensa.

En la campaña presidencial, Petro enfrentó críticas porque su idea de “democratizar” la tierra fue interpretada por algunos como “expropiarla”, así que para disipar las dudas juró no expropiar bienes durante su gobierno y respetar la propiedad privada.

Otro reto mayúsculo para el gobierno será garantizar la infraestructura, servicios públicos y seguridad. En el país aún hay presencia de grupos armados que buscan control territorial, entre ellos la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el cártel Clan del Golfo.

“Solo el acceso a la tierra va a fracasar, el reto es la integralidad de la reforma”, señaló Bautista.

La expectativa por una redistribución de la tierra ha aumentado en los últimos meses la invasión de tierras en el país que inició hace años. La estatal Defensoría del Pueblo ha identificado 232 casos de ocupación indebida de tierras en el país. El gobierno ha insistido en que la invasión es contraria a su intento de hacer una reforma agraria.

La compra voluntaria de tierra fértil es solo una de las ramas de la reforma agraria que adelanta el gobierno. También se plantea otorgar a comunidades vulnerables sin tierra los bienes que el Estado le confiscó a narcotraficantes, así como recuperar baldíos de la nación indebidamente ocupados que se puedan aprovechar.