Contribuyentes siguen pagando por demandas a Joe Arpaio

Casi cinco años después de que Joe Arpaio dejase de ser sheriff del condado más poblado de Arizona, los contribuyentes se aprestan a pagar una de las últimas cuentas grandes asociadas con las miles de demandas en su contra que inspiraron sus tácticas. El costo total ya llega a los 100 millones de dólares.

Funcionarios del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix acordaron la semana pasada pagar 3,1 millones de dólares en relación con la demanda del dueño de un restaurante que dijo que Arpaio lo había difamado y había violado sus derechos al allanar su local.

Ese pago hizo que el monto oblado en concepto de gastos legales, arreglos con los demandantes y otros costos asociados con los juicios supere los 100 millones de dólares. Arpaio fue demandado múltiples veces por cosas como la muerte de reos en la cárcel, investigaciones fallidas de sus enemigos políticos y los allanamientos de empresas en busca de inmigrantes sin permiso de residencia.

Separadamente, los contribuyentes tuvieron que pagar 178 millones de dólares, cifra que sigue subiendo, en conexión con un caso del 2007 derivado de las paradas de inmigrantes cuando conducían sus autos que caracterizaron su gestión.

Michael Manning, un abogado que trabajó en juicios por la muerte de reos en la cárcel y representó a empleados municipales que fueron investigados por Arpaio, dijo que es imperdonable que los votantes hubiesen seguido eligiendo al alguacil mientras subían los costos legales asociados con su gestión.

Arpaio fue elegido seis veces.

“No les importaba en tanto y cuanto se divirtiesen”, dijo Manning.

Activistas a favor de la causa de los inmigrantes dicen que Arpaio debe servir como ejemplo del gasto en que pueden incurrir las comunidades cuando dejan que la policía se haga cargo de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Arpaio, un sheriff republicano, se dio a conocer en todo el país por alojar a reos en capas en medio del calor sofocante del verano de Phoenix, hacerlos lucir uniformes rosados y encadenarlos en grupo. Su influencia entre los republicanos aumentó cuando decidió combatir la inmigración ilegal, algo que es jurisdicción de las autoridades federales.

Esas acciones continuaron hasta que el gobierno nacional y los tribunales le prohibieron intervenir en el tema de la inmigración en el 2014.

Arpaio sufrió una aparatosa derrota electoral en el 2016 ante un candidato demócrata, después de que se lo condenó por desacato tras ignorar la orden de un juez de poner fin a la detención de personas por su aspecto físico. En el 2017 recibió una condena más seria por el mismo delito, pero Donald Trump lo perdonó antes de dejar la presidencia.

Arpaio, de 89 años y quien fue derrotado nuevamente en el 2020 al tratar de recuperar su viejo cargo, ahora se postuló a alcalde de Fountan Hills, Arizona.

Dice que se enorgullece de la forma en que manejó uno de los sistemas carcelarios más grandes del país.

Sostuvo que las cárceles a menudo son blanco de muchas demandas y que, en vista de que sirvió durante 24 años como sheriff, “100 millones de dólares no es demasiado realmente”.

Justificó sus acciones contra los inmigrantes diciendo que tenía el deber de hacer cumplir las leyes estatales que prohíben el tráfico de migrantes y el uso de identificaciones falsas para conseguir trabajo. Dijo asimismo que algunos gastos eran necesarios para modernizar su departamento.

Los costos legales no son tan altos en comparación con los de otros departamentos policiales. La oficina del sheriff de Los Ángeles por ejemplo, pagó 480 millones de dólares en los ocho años que terminaron en el 2020, a un promedio de 60 dólares por año, según archivos.

La cantidad de demandas —más de 6.000 en tribunales federales solamente— y la aparente indiferencia de Arpaio son lo que llama la atención.

Entre los casos más notables figuran uno en el que hubo que pagar 8,25 millones de dólares en relación con la muerte por asfixia de un individuo que falleció forcejeando con guardias en una cárcel; otro que costó 8,7 millones de dólares por las denuncias de funcionarios y jueces que dijeron que Arpaio los investigó sin razón y uno de 3,5 millones de dólares relacionado con el manejo de la investigación de la violación de una niña de 13 años con problemas de desarrollo.

Los pagos continuaron después de que Arpaio dejó el cargo, incluido uno de 7 millones a la familia de un individuo con un trastorno mental que falleció después de ser golpeado y controlado con una pistola paralizante en una cárcel.

Se espera que el pago de la semana pasada al dueño del restaurante sea el último grande, aunque seguirán llegando nuevas cuentas por las detenciones de personas por su aspecto físico.

El juez de ese caso ordenó una renovación de la unidad abocada al tráfico. El tribunal dispuso asimismo una segunda restructuración de la unidad de asuntos internos, que durante la gestión de Arpaio fue criticada por proteger a los hombres del sheriff.

Una cuarta parte de los 178 millones de dólares pagados por la detención de personas por su aspecto físico fue por caso ocurridos bajo la gestión de Arpaio. El resto se produjo bajo el mando de su sucesor, Paul Penzone.

Buena parte de los gastos es para contratar nuevos empleados y poder satisfacer las demandas del tribunal.

Raúl Piña, miembro de una junta vecinal creada para tratar de restablecer la confianza en la oficina del sheriff, dijo que tanto Arpaio como Penzone son responsables del fuerte aumento en los gastos por detener personas por su aspecto físico.

Agregó que hay estudios que indican que los hispanos que paran los agentes siguen siendo tratados distinto a los conductores blancos.

“No hacen desfilar a las personas de piel oscura frente a las cámaras”, dijo Peña. “Eso es una mejoría. Pero el resultado de esas detenciones sigue siendo el mismo”.

Si bien se cree que los altos costos de los casos por desacato y de las batallas legales incidieron en la derrota electoral del Arpaio en el 2016, el exsheriff dice que no se arrepiente de nada.

“Volvería a hacer lo mismo”, expresó.