EEUU: Ayuda para el alquiler, víctima de la burocracia

Antes de que azotara la pandemia, Jacqueline Bartley, madre de dos niñas y un niño, tenía una vida cómoda.

Después, la mujer de 41 años perdió su trabajo en American Airlines, gastó sus ahorros rápidamente y se retrasó meses en el pago del alquiler de la casa que rentaba por 1.350 dólares al mes. Hasta entonces nunca había dejado de pagar la renta.

Bartley, de Durham, Carolina del Norte, recurrió al programa estatal de asistencia para el alquiler y sintió alivio al recibir en enero 8.100 dólares. Pero dice que su arrendador rechazó el dinero luego de que ella se negó a que modificara su contrato de dos años por un periodo más corto. El programa requería, entre otras condiciones, que los arrendadores cumplieran los contratos de arrendamiento para recibir el dinero.

Ella recurrió a un segundo programa lanzado este mes por el estado y nuevamente fue aprobada. La semana pasada, supo que su arrendador había aceptado casi 20.000 dólares por alquiler atrasado y tres meses de pagos futuros, y aceptó desestimar su demanda de desalojo.

La noticia significa que no será obligada a dejar su hogar cuando finalice la moratoria federal de desalojos el 31 de julio. Pero la espera e incertidumbre significaron meses de estrés.

“Ha sido una locura, especialmente cuando tienes niños en la escuela”, dijo Bartley. “Ha sido más o menos depender de un capricho. Ok, ¿tendré un lugar a dónde llegar cada mes?”.

Millones de personas se han encontrado a sí mismas en una situación similar a la de Bartley y enfrentan posibles desalojos, a pesar de las promesas de los gobernadores de ayudar a los inquilinos después de que el Congreso aprobara la Ley CARES (Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica Debido al Coronavirus), en marzo de 2020.

A nivel nacional, los lideres estatales reservaron cuando menos 2.600 millones de dólares del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus de la Ley CARES para ayudar a inquilinos con dificultades, pero un año después, más de 425 millones de dólares, o el 16%, no habían llegado a los bolsillos de los inquilinos o sus arrendadores, según una investigación de The Center for Public Integrity y The Associated Press.

“Es alucinante”, dijo Anne Kat Alexander, directora de proyectos del Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton. “Sabía que había problemas, pero es una suma enorme de dinero que no se desembolsó de manera oportuna”.

Como muchos líderes estatales, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper, se comprometió a implementar un programa ambicioso el año pasado y ofreció decenas de millones de dólares en ayuda federal que serían un apoyo para cubrir los adeudos de alquiler.

Pero demoró meses en comenzar a funcionar y dejó de recibir solicitudes apenas unas semanas después de que finalmente abrió, en octubre, debido a la abrumadora demanda. Las 20 organizaciones sin fines de lucro designadas para distribuir el dinero con frecuencia carecían de la capacidad para sacarlo rápidamente.

Después, enfrentados con la toma de control de los gastos de la Ley CARES por la Legislatura controlada por los republicanos en enero, el estado tuvo menos dinero para otorgar a los solicitantes. Eventualmente gastó 133 millones de dólares de los 167 millones de dólares, una cifra muy por debajo de lo que algunos defensores de la vivienda dicen que es necesaria.

“Sabíamos que el dinero no sería suficiente. Había muchas personas que necesitaban asistencia para el pago del alquiler”, dijo Pamela Atwood, directora de políticas de vivienda en la Coalición de Vivienda de Carolina del Norte. “Hubo una ejecución muy pobre en la implementación de ese primer programa y causó una gran ineficiencia”.

El gobierno federal ha entregado a los estados decenas de miles de millones de dólares más en asistencia para el alquiler en 2021, pero también se ha desembolsado de manera lenta.

Con la primera ronda de fondos en 2020, la burocracia no fue el único problema. La política también jugó un papel, con un puñado de estados que ofrecieron poca o ninguna ayuda, muchos liderados por republicanos y con un historial de protecciones débiles para los inquilinos.

Luego estaba el proceso de solicitud, con frecuencia oneroso, y una fecha límite federal para gastar el dinero para fin de año, extendida tan tarde que algunos estados ya habían retirado fondos para usarlos en otros gastos. Algunos arrendadores se rehusaron a participar por las restricciones que significaban que no podían desalojar a un inquilino que se retrasara de nuevo después de la asistencia. Los inquilinos a veces se metían el pie a sí mismos al presentar solicitudes incompletas.

La Ley CARES 2020 del Congreso envió miles de millones de dólares a los estados y a algunos gobiernos locales. Pero no ordenaba que algo de eso se gastara en asistencia para el alquiler, y dejó que los estados crearan sus propios programas y establecieran las reglas.

Según la base de datos de 2020 de programas de asistencia para el alquiler de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, Georgia Virginia Occidental y Tennessee todos dirigidos por gobernadores republicanos, optaron por no establecer programas de ayuda para el alquiler en 2020, a pesar de tener tasas históricas de desalojo superiores al promedio. Carolina del Sur asignó menos de 14 dólares por hogar de alquiler ese año.

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Georgia intentó establecer un programa de asistencia para el alquiler con fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos en el otoño de 2020, pero cuando resultó evidente que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entregaría una cantidad mayor en 2021, el programa se estancó, dijo Susan Reif, directora de la unidad de vivienda del Programa de Servicios Legales de Georgia y directora del Proyecto de Prevención de Desalojos.

Aun así, muchos estados sí se apresuraron a actuar, y crearon programas masivos para que las familias permanecieran en sus hogares, el lugar más seguro para resguardarse durante la pandemia del nuevo coronavirus. Para el verano de 2020, funcionarios locales y estatales lanzaron alrededor de 530 programas de asistencia para el alquiler, y reservaron alrededor de 4.300 millones de dólares de distintas fuentes.

Varios estados fueron elogiados por tener programas que funcionaron bien. Illinois, Indiana, Oregon y Washington se encontraban entre los más de una docena que reportaron haber distribuido antes del 31 de marzo cada dólar de la asistencia para el alquiler disponible en el Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus.

The Center for Public Integrity encuestó alrededor de 70 agencias estatales y locales que la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos identificó que habían reservado dinero del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus para ayuda para el alquiler en 2020. Aproximadamente uno de cada seis dólares de esos 2.600 millones de dólares fue gastado en otros costos relacionados con el COVID-19, como equipo de protección, salarios de oficiales de la policía y préstamos para las pequeñas empresas.

Algunos estados también gastaron millones de dólares en la creación de sus propios programas, incluido Carolina del Norte, que asignó alrededor de 20 millones de dólares para gastos administrativos, y Hawai, que gastó 8 millones de dólares. En el caso de Hawaii, gran parte de eso se utilizó para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a ampliarse y alquilar espacios. El estado también gastó dinero en un sistema de cómputo en un esfuerzo para prevenir el fraude.

Diane Yentel, directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, dijo que los desafíos del financiamiento del año pasado llevaron al Congreso a destinar casi 47.000 millones de dólares específicamente para asistencia para el alquiler en diciembre y en marzo.

“Los fondos anteriores, la gran mayoría de ellos eran muy flexibles y tenían un conjunto amplio de usos permitidos”, de los que la prevención de desalojos era solo uno, dijo Yentel, cuyo grupo ha rastreado los programas de asistencia para el alquiler.

“Algunos estados y ciudades obtuvieron parte de esos fondos para la prevención de desalojos y para crear programas de asistencia de emergencia para el alquiler”, dijo. “Pero muchos no lo hicieron o no reservaron la cantidad suficiente”.

Entre los mayores desafíos estaba el hecho de que los estados no lograron gastar lo que se les había asignado.

La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Pensilvania recibió 150 millones de dólares para ayudar a los inquilinos, pero devolvió unos 96 millones de dólares al tesoro estatal, que tapó los agujeros en el presupuesto de seguridad pública del estado. La Corporación de Financiamiento de Vivienda de Florida asignó 250 millones de dólares para la asistencia para el alquiler, pero regresó alrededor de 99 millones de dólares para que fueran gastados en otros programas. Montana regresó al estado el 83% de los 50 millones reservados para la asistencia para el alquiler. Nueva York gastó al final solo 47,5 millones de dólares de los 100 millones de dólares prometidos para la asistencia con el alquiler.

El programa de asistencia de alquiler de Nueva York de 2020 “fue creado para fallar”, dijo Ellen Davidson, abogada de la Legal Aid Society (Sociedad de Ayuda Legal) en Nueva York. “Fue un programa que de verdad castigó a la gente. Hubo una intención real de asegurarse que a la gente no le fuera mejor si eran lastimadas por el COVID-19, así que, si estaban en apuros antes, deberían estarlo después”.

Los inquilinos tenían que probar que estaban “agobiados por el alquiler” antes de la pandemia para calificar para la asistencia para el alquiler en 2020, aunque eventualmente esta estipulación fue eliminada, dijo Charni Sochet, vocera del departamento de Renovación de Hogares y Comunidades del estado de Nueva York, que supervisó el programa de asistencia.

Hawai gastó alrededor de 71 millones de los 100 millones de dólares prometidos inicialmente, aunque un análisis del Centro Appleseed de Hawai para la Justicia Económica y Legal encontró que el estado gastó más per cápita, con 44,50 dólares. Aun así, la Legislatura estableció una fecha límite a finales de diciembre para el gasto, lo que significaba que los 29 millones de dólares restantes debían ser redirigidos al fondo fiduciario del seguro de desempleo del estado.

“Hubiera sido mejor basar la finalización del programa en la fecha límite de gastos de la Ley CARES con las extensiones que se promulgaron, porque en última instancia, la fecha límite se extendió”, dijo Gavin Thornton, director ejecutivo del Centro. “Si se hubiera hecho eso, el programa habría continuado y los arrendadores e inquilinos hubieran podido seguir accediendo a esos fondos, los cuales eran sin duda necesarios”.

Las ciudades y condados más pequeños también se vieron afectados. En el condado de Marion, en Florida, nada del millón de dólares reservado del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus para los inquilinos llegó a las personas que lo necesitaban porque la United Way del condado de Marion, la organización que administraba los fondos, no tenía suficientes trabajadores para procesar las solicitudes, dijo Scot Quintel, el presidente de la organización. La United Way pudo distribuir asistencia para el alquiler de otra fuente, pero el dinero del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus regresó a la ciudad para ser usado en otros gastos relacionados con el COVID-19.

“Es horrorizante lo mal preparados que estaban algunos estados”, dijo Alexander, del Laboratorio de Desalojos. “Algunos lugares lo hicieron funcionar y otros no, lo cual demuestra que los lugares que no lo hicieron probablemente podrían haberlo hecho”.

En Athens, Georgia, Dylyn Price dijo que recibió alrededor de 5.800 dólares en asistencia para el alquiler, pero que eso podría no evitar que pierda su hogar. Después de que su salario y horas fueran reducidos en un restaurante de comida rápida local, comenzaron a llegar avisos de desalojo a principios de 2020. No han cesado.

Price recibió la asistencia para el alquiler por parte de Ark, una organización sin fines de lucro que administra fondos de la Ley CARES en nombre de la ciudad de Athens, pero el apoyo terminó a principios de este año. El arrendador de Price se ha rehusado a renovar su contrato de arrendamiento después de que expire el 30 de junio.

Ella teme tener que vivir, otra vez, en un refugio para personas sin hogar con su hijo de 14 años.

“Encontrarse así es una situación nauseabunda e incómoda”, dijo Price.

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Casey reportó desde Boston, Kleiner desde Washington, D.C., y Johnston desde Brook Park, Ohio. Puede comunicarse con Casey en mcasey@ap.org. Sígalo en Twitter en @mcasey1.

Puede comunicarse con Kleiner en skleiner@publicintegrity.org y está en Twitter como @bysarahkleiner

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Este reportaje es una colaboración entre The Associated Press y The Center for Public Integrity, una sala de redacción de noticias de investigación sin fines de lucro en Washington.