EEUU: Limitan poderes de cortes federales para deportaciones

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los tribunales federales no cuentan con los poderes para revisar las decisiones de los funcionarios de inmigración en algunos casos de deportación, incluso cuando han cometido lo que un juez disidente llamó “graves errores fácticos”.

El máximo tribunal falló 5-4 contra Pankajkumar Patel, un residente de Georgia que marcó una casilla que indicaba que era ciudadano estadounidense cuando renovó su licencia de conducir de Georgia en 2008.

Un juez de inmigración, que es empleado del Departamento de Justicia, concluyó que Patel pretendía mentir sobre su estatus con el fin de obtener su licencia, a pesar de que la ley de Georgia daba derecho a un no ciudadano en la situación de Patel a una licencia para conducir.

Patel y su esposa, Jyotsnaben, reconocen que entraron ilegalmente en Estados Unidos hace aproximadamente 30 años, desde que abandonaron su India natal. En 2007, Patel solicitó la “green card”, o la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, con el apoyo de su empleador. Los Patel tienen tres hijos. Uno es ciudadano estadounidense y los otros dos son titulares de la “green card” y están casados con estadounidenses.

Pero la búsqueda de Patel de un estatus legal naufragó en la solicitud de licencia y en la decisión del juez de inmigración de que Patel había falseado intencionadamente su estatus de ciudadanía. El juez ordenó la deportación de Patel y su esposa.

La jueza Amy Coney Barrett escribió en nombre de cinco jueces conservadores que los tribunales federales no pueden revisar esas decisiones en virtud de la ley de inmigración. El secretario de Justicia de Estados Unidos puede conceder protección contra la deportación, pero las personas deben ser primero elegibles y el resultado de la decisión del juez de inmigración fue que Patel no era elegible.

“Los tribunales federales tienen un papel muy limitado en este proceso”, escribió Barrett concluyendo que la ley de inmigración “impide la revisión judicial de las conclusiones de hecho que subyacen a una denegación de alivio”.