El Salvador: campaña para destruir tumbas de pandilleros

El Salvador extendió su estrategia de persecución contra las pandillas y comenzó a destruir tumbas de sus integrantes, identificadas con distintivos propios de las bandas, en los cementerios públicos del país, en lo que las autoridades dicen que es un intento para borrar todo vestigio de estos grupos criminales y evitar que sigan aterrorizando a la población.

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, informó el miércoles que había enviado a una cuadrilla de presos al cementerio de la localidad para retirar o destruir cerca de 80 lápidas que tenían siglas o inscripciones de las pandillas, como la de MS-13 atribuida a la Mara Salvatrucha, en una época de mucha circulación de visitantes en los cementerios.

Entre las explicaciones de la autoridad local, se aseguró que los pandilleros incluso hacían “rituales satánicos” en las tumbas, aunque hasta ahora no se habían denunciado escenas de este tipo en el país. Desde que se intensificó la persecución de las pandillas, el gobierno mantiene una campaña para borrar todos los grafitis y distintivos de las pandillas, en barrios y comunidades.

“Nuestro plan es que haya cero grafitis para que la gente se sienta segura”, agregó el alcalde Flores.

Santa Tecla, una de las ciudades más populosas del país, está ubicada en la periferia oeste de San Salvador y por años ha sido unos de los bastiones de la pandilla Mara Salvatrucha. Varios de sus integrantes han terminado en la cárcel y, según las autoridades, otros habrían buscado refugio en zonas rurales a raíz de una campaña de persecución lanzada el pasado 27 de marzo.

Después de dos años de pandemia El Salvador ha levantado este año la mayoría de los controles para que la población pueda visitar a sus familiares fallecidos en los cementerios, aunque se han mantenido controles policiales en los ingresos para evitar la entrada de personas armadas. La policía también ha realizado patrullajes preventivos en todos los camposantos.

“Hay mucha alegría para visitar a los familiares que han fallecido. Antes era normal ver a los pandilleros dentro del cementerio, pero hoy no hay peligro”, dijo a The Associated Press Juan Escamilla, quien llegó a dejar flores a la tumba de un familiar.

El viceministro de Justicia y director de Centros Pernales, Osiris Luna, informó en su cuenta de Twitter que con la participación de cuadrillas de reos “en fase de confianza", apoyados por unidades de la Policía Nacional Civil, procedieron a destruir lápidas y tumbas con distintivos de grupos de pandillas en los cementerios de Santa Tecla y Colón, en el departamento de La Libertad.

Luna, que supervisó la destrucción de las tumbas, afirmó que los pandilleros no merecen “ningún reconocimiento". Por eso, aseguró que se ha promovido la destrucción de todo rastro de estos grupos a los que calificó de “terroristas”. "En este país, las pandillas ya no tienen cabida”, enfatizó el viceministro.

La Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 hace siete años. En una sentencia, de agosto de 2015, declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.

La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales que habitantes de Candelaria de La Frontera, en el departamento de Santa Ana, en el occidente del país, denunciaron que en el cementerio de ese municipio había una tumba con una placa alusiva a la MS-13, que fue posteriormente destruida.

La política de hostigamiento oficial a las bandas sobrevino después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios en un día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo. El Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de los detenidos a ser debidamente informados de sus derechos y de los motivos de arresto. Tampoco tienen derecho a la asistencia de un abogado.

Ese mismo mes, el Congreso salvadoreño reformó también el Código Penal para que formar parte de una pandilla sea considerado y castigado penalmente. La sanción puede llegar a una pena de 20 a 40 años de prisión. En el caso de los cabecillas, la condenas posibles suben de 40 a 45 años.

En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y de hasta 10 años a los mayores de 12.

Desde la vigencia del régimen de excepción las autoridades dicen haber capturado a más de 56.000 presuntos pandilleros de los cuales 850 ya han sido libertados.

Organizaciones sociales sostienen que en seis meses de este régimen han documentado más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos y la organización no gubernamental Cristosal afirma que 80 personas han fallecido bajo la custodia del Estado.