El Salvador: Proyecto agentes extranjeros altera sociedad

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha lanzado un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países.

Cuando Estados Unidos aprobó su Ley de Registro de Agentes Extranjeros en 1938, la Segunda Guerra Mundial asomaba en el horizonte y el gobierno temía la difusión de la propaganda nazi.

El contexto político tan diferente del El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación incluso en las próximas horas.

Tras dos años de gobierno, Bukele goza de gran popularidad. Meses atrás sus partidarios le dieron una amplia victoria electoral que permite a su partido controlar la Asamblea Legislativa. El nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general, que constituyeron escollos para algunas medidas de Bukele, sobre todo en el inicio de la pandemia.

“Para ser como los países desarrollados, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen", tuiteó Bukele la semana pasada. “Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”

Tras ofrecer una entrevista con uno de los asesores legales del presidente para hablar sobre el proyecto, la presidencia no cumplió. El gobierno ha dicho que la ley es necesaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera.

“Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”.

El proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero" registrarse como “agentes extranjeros”. De no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización. El comité legislativo incrementó las sanciones financieras propuestas e incluyó la posibilidad de una pena de prisión.

A los agentes extranjeros registrados se les prohibiría “realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”.

Si bien Bukele dice que sigue el modelo de la ley estadounidense, ésta busca transparentar el accionar político de gobiernos u organizaciones extranjeros en el país. Por ejemplo, sus cabilderos deben registrarse como agentes extranjeros, pero se les permite tratar de ejercer su influencia sobre la política interior.

En cambio, la ley salvadoreña prohibiría explícitamente esa actividad política. Además, el gobierno aplicaría un impuesto de 40% a los fondos que recibieran desde el exterior los agentes extranjeros registrados.

Las preocupaciones crecían en la sociedad civil salvadoreña desde meses atrás. Tras el reemplazo de los jueces de la Corte Suprema, muchos tuvieron la sensación de que no tendrían un recurso legal si el gobierno apuntara sus cañones hacia ellos.

Nicaragua aprobó una ley similar el año pasado.

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Sherman informó desde Ciudad de México