ONU acusa a Maduro y a jefes de inteligencia de crímenes de lesa humanidad

Expertos independientes que trabajan con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunciaron que las autoridades venezolanas no han llevado a la justicia a perpetradores de abusos respaldados por el Estado, quienes han cometido ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y torturas. Lamentaron que los abusos por parte de las agencias de inteligencia y contrainteligencia continúan.

El tercer reporte de una misión verificadora enviada a Venezuela por el Consejo, difundido el martes, agrega nuevos detalles sobre una larga lista de violaciones —incluso posibles crímenes contra la humanidad— bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que los expertos documentaron por primera vez dos años atrás.

El reporte detalla la cadena de mando para la aplicación de torturas, violencia sexual y otros actos crueles a fin de reprimir a quienes se oponen al gobierno.

El documento denuncia que Maduro y el líder del partido oficialista Diosdado Cabello dan órdenes “identificando a personas para ser investigadas”, entre ellas civiles y críticos del gobierno. Las órdenes son cumplidas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que arrestan a individuos tras “un período de vigilancia e investigación” y los torturan o someten a “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunos han sido torturados durante días o semanas.

El servicio de inteligencia “se sirve de una amplia gama de métodos de tortura, como golpizas, choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y posiciones estresantes, así como amenazas de violar o matar a los detenidos y otras formas de tortura psicológica”, dice el reporte.

Añade que entre las víctimas hay líderes opositores, estudiantes, organizadores de protestas, periodistas y empleados de organizaciones no gubernamentales.

“Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos”, declaró Marta Valiñas, una experta legal portuguesa que encabeza la misión.

La misión denunció que las autoridades no han hecho lo suficiente para compensar a las víctimas y que las violaciones continúan “hasta el día de hoy” bajo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

“Las autoridades venezolanas han fallado en llevar a justicia a los perpetradores y en compensar a víctimas en un contexto donde las reformas judiciales anunciadas en 2021 han fracasado en encarar la falta de independencia y de imparcialidad del sistema judicial”, dice un comunicado de la misión.

El equipo, que llegó a sus conclusiones en parte con base en casi 250 entrevistas, documentó un total de 122 casos de torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede del DGCIM en Caracas y en centros de detención clandestinos en otras partes del país.

El reporte documenta también violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero, una remota región del sudeste del país donde prolifera la minería ilegal de oro. La región fue creada la década pasada cuando la industria petrolera entró en crisis.

La región se ha militarizado fuertemente y allí se permite la actividad de grupos armados. La misión denunció abusos contra la población indígena y el enriquecimiento ilícito de personas cercanas a los círculos del poder.

“La Misión ha evaluado información públicamente disponible según la cual miembros de las fuerzas armadas venezolanas y la élite política se han beneficiado de actividades relacionadas con la minería de oro en el Arco Minero”, dice el reporte.

Los expertos deberán entregar su reporte al Consejo de Derechos Humanos el lunes.

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Keaten reportó desde Ginebra