Fiscalía de Bolivia pide 15 años para expresidenta Áñez
Tras casi dos meses de pausa, el juicio ordinario en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez se reanuda con los alegatos finales y pronto se dictará sentencia por la crisis política de 2019 en Bolivia
La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá 15 años de prisión para la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) al reanudarse el lunes el juicio ordinario contra la exmandataria con la lectura de alegatos finales y en puertas de una sentencia.
El Tribunal Constitucional rechazó un pedido de la exmandataria formulado en abril para ser sometida a juicio de responsabilidades en su condición de exmandataria.
Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Según la acusación, la exsenadora no siguió los procedimientos constitucionales antes de proclamarse presidenta del país tras la dimisión de Evo Morales en octubre de 2019. Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa que no tiene el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde su celda en una cárcel de mujeres de La Paz, Áñez sigue el juicio mediante internet y por medio de sus abogados solicitó asistir de forma presencial a la audiencia, según dijo su abogada Norka Cuéllar.
Áñez, de 54 años, está detenida desde hace 15 meses y enfrenta otras demandas que aún no han llegado a un juicio, entre ellas, una acusación por la muerte de 20 personas durante los dos meses de violentas protestas a finales de 2019. Éstas obligaron a Morales a renunciar tras las elecciones de ese año, que fueron calificadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos.
Las demandas contra Áñez son impulsadas por el gobierno de Luis Arce, heredero político de Morales. La exmandataria acusó al gobierno de “persecución política” y ausencia de un “debido proceso”. Más de medio centenar de opositores están procesados y otros encarcelados.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron la atención por la falta de independencia del Poder Judicial.
Arce y Morales alegan que el caos político y social de 2019 constituyó un golpe de Estado, mientras los opositores sostienen que la asunción de Áñez fue constitucional tras la renuncia de Morales, quien ha sido absuelto de toda investigación judicial.
“La sentencia sentará precedente”, dijo el senador oficialista Félix Ajpi, mientras que el expresidente Carlos Mesa, rival de Morales en los comicios anulados, denunció el lunes en su cuenta de Twitter “la pronta consumación de una nueva arbitrariedad jurídica contra la expresidenta Áñez”.