Guerra de EEUU contra drogas causa estragos entre hispanos

A Alton Lucas nunca le pasó por la cabeza dedicarse a la jardinería.

De adolescente, Lucas pensaba que el básquetbol o la música le permitirían recorrer el mundo. A fines de la década de 1980 era la mano derecha de su mejor amigo, Youtha Anthony Fowler, conocido como DJ Nabs en el ambiente hip hop.

Lucas, sin embargo, descubrió las drogas y el negocio que representaba su venta en plena “guerra contra las drogas”. Adicto al crack y vendedor de drogas, enfrentaba un encarcelamiento de décadas en una época en la que el consumo de drogas y la violencia que causaban estragos en las ciudades grandes y en comunidades pobres de afroestadounidenses y latinoamericanos no eran considerados un tema de salud pública, como ocurre hoy con los opioides.

De casualidad, Lucas se benefició de algo que pocos recibían en plena epidemia de crack: Tratamiento a su adicción, una excarcelación temprana y la oportunidad de empezar de nuevo.

“Para ser honesto, empecé con esto de la jardinería porque nadie me quería dar trabajo por haber estado en la cárcel”, dijo Lucas. Su empresa Sunflower Landscaping recibió ayuda de Inmates to Entrepreneurs (De reo a empresario), una organización nacional sin fines de lucro que ofrece asesoría y educación a personas con antecedentes penales que quieren poner un negocio.

Lucas se vio atrapado en un sistema que fija restricciones de por vida a la mayoría de las personas que van a prisión por delitos relacionados con las drogas, sin pensar en su rehabilitación. Se les niega empleo y tienen poco acceso a educación y préstamos comerciales, a vivienda, a la tenencia de sus hijos, al voto y a poseer armas.

Es un sistema que nació cuando Lucas era un bebé prácticamente.

Hace 50 años, el gobierno de Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas, sin demasiado éxito. Hoy, Estados Unidos enfrenta una epidemia de consumo de opioides y no está claro si hubo algún vencedor en esa batalla. De lo que no hay dudas es que hubo perdedores: Cantidades de afroestadounidenses y latinoamericanos, sus familias y sus comunidades.

Un aspecto básico de esa guerra fue la imposición de condenas a prisión durísimas. Esa política dio paso a un aumento del complejo industrial de prisiones donde fueron encerradas millones de personas, mayormente de minorías, que perdieron toda esperanza de hacer realidad el sueño americano.

Una revisión que hizo la Associated Press de datos federales y estatales indica que, entre 1975 y el 2019, la población carcelaria de Estados Unidos subió de 240.593 personas a 1,430.000 millones. El delito más grave de uno de cada cinco reos estuvo vinculado con las drogas.

La disparidad racial revela el impacto desparejo de esta guerra. Tras la aprobación de castigos más severos para los delitos relacionados con el crack y otras drogas, la tasa de encarcelamiento de los afroestadounidenses pasó de 600 por cada 100.000 habitantes en 1970 a 1.808 por cada 100.000 en el 2000. En el mismo período, la tasa de encarcelamiento de los hispanos subió de 208 por cada 100.000 personas a 615. Entre los blancos, el aumento fue de 103 a 242.

Gilberto González, un agente especial de la Administración de Control de Drogas jubilado que lidió con el narcotráfico en Estados Unidos, México y Sudamérica dijo que jamás olvidará el día en que fue aclamado por los residentes de un barrio mayormente hispano de Los Ángeles cuando se llevaba esposados a vendedores de drogas.

“Comprendí la realidad que vive la gente de estos barrios, su impotencia, porque temen lo que los traficantes que controlan las calles, que controlan el barrio, pueden hacer con ellos y sus hijos”, expresó González, de 64 años y quien habló de sus experiencias en un libro de reciente publicación, “Narco Leyenda.”

“Nos dimos cuenta de que, además de desmantelar las organizaciones de traficantes, había que limpiar las comunidades, ayudar a la gente indefensa”, acotó.

La política de mano dura, no obstante, ha tenido graves consecuencias para personas que se reformaron. Lucas se pregunta qué hubiera sido de él y de su familia si no tuviese ese antecedente penal.

A pesar de su buena disposición y después de estar limpio casi 30 años, Lucas, de 54 años, no puede superar las revisiones de antecedentes penales cada vez que busca empleo. Su esposa dice que su pasado le impide hacer cosas tan sencillas como acompañar a sus hijos en excursiones escolares.

“Es como una condena de por vida”, dijo Lucas.

Las políticas de mano dura fueron aceptadas mayormente porque coincidieron con un aumento en los homicidios y otros crímenes violentos en todo el país. Fueron apoyadas incluso por el clero afroestadounidense y el Bloque Legislativo Negro.

Esas políticas no estuvieron acompañadas de programas de prevención y tratamiento de los adictos.

El consumo de crack subió marcadamente entre 1985 y 1989, para decaer a comienzos de los 90, según un estudio de Harvard

La venta y el consumo de drogas se concentró en las ciudades, sobre todo aquellas con grandes comunidades de afroestadounidenses y latinoamericanos.

Rolandn Fryer, autor del estudio de Harvard y profesor de economía, dijo que todavía no se ha documentado debidamente el impacto de la epidemia de crack en una generación de familias de raza negra. Añadió que durante esta época aumentó la desconfianza de las minorías en las instituciones del gobierno.

“La gente pregunta por qué los negros no confían en las instituciones (públicas)”, dijo Fryer, quien es afroestadounidense. “No confían porque vieron cómo tratamos la epidemia de opioides, como un tema de salud pública. Pero con el crack, decían ‘enciérrenlos y tiren la llave; lo que hace falta es condenas más duras’”.

Lucas pasó cuatro años y medio en la cárcel por robar varios pequeños negocios. Dice que nunca llevó un arma. Como sus delitos fueron considerados no violentos, pudo acogerse a un tratamiento de su adicción en la cárcel, que facilitó su liberación antes de tiempo.

Recuperada su libertad, su viejo amigo Fowler pagó de su bolsillo todas las multas y tarifas de Lucas, que así pudo recuperar su derecho al voto.

No todos tienen su suerte. Generalmente, una condena por drogas, combinada con algún delito violento, conllevan penas mucho más largas. Y en el momento más álgido de la guerra contra las drogas, se juzgaba a todos los miembros de una banda juntos, y todos cargaban con la culpa de un homicidio, sin importar quién apretó el gatillo.

Estos casos generaron condenas a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad bajo palabra, un castigo que afectó en forma desproporcionada a reos afroestadounidenses y latinoamericanos.

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Morrison informó desde Nueva York. Allen G. Breed (Durham, Carolina del Norte) y Angeliki Kastanis (Los Ángeles) colaboraron en este despacho.

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Morrison es parte del equipo de AP que cubre temas relacionados con la raza y la etnicidad. Está en: https://www.twitter.com/aaronlmorrison.