HRW y AI piden a Sudán liberar a funcionarios y activistas
Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden al ejército de Sudán que libere a funcionarios públicos, activistas y otras personas detenidas durante el golpe militar del mes pasado
Dos importantes grupos internacionales de derechos humanos instaron en un comunicado conjunto el martes al ejército de Sudán que libere a funcionarios públicos, activistas y otras personas detenidas durante el golpe militar del mes pasado.
Mientras tanto, la esposa de un exministro detenido expresó preocupación sobre la salud de su marido, cuyo paradero, así como el de otras personas, sigue sin conocerse.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional también pidieron que acabaran los “arrestos arbitrarios adicionales” y las medidas severas que se han implementado en las protestas contra el golpe.
Fue la primera vez que dos importantes grupos emitieron un comunicado conjunto en Sudán. De forma separada, habían apelado al ejército de Sudán para que liberara a aquellas personas arrestadas durante y después del golpe.
El 25 de octubre, el ejército disolvió el gobierno de transición y detuvo a más de un centenar de funcionarios públicos y líderes políticos, junto con un gran número de manifestantes y activistas. El ejército también puso al primer ministro del país, Abdalla Hamdok, bajo arresto domiciliario en su residencia en Jartum, la capital.
Desde entonces, al menos 14 manifestantes en contra del golpe militar han muerto por el uso excesivo de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del país, según médicos sudaneses y la ONU El domingo, las fuerzas de seguridad rociaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y detuvieron a más de un centenar de personas, la mayoría maestros en contra del golpe, en Jartum.
El golpe de Estado ha generado críticas internacionales y enormes protestas en las calles de Jartum y otras partes del país.
Moez Hadra, un abogado de los funcionarios destituidos, dijo que se cree que la mitad están detenidos en Jartum y los otros están dispersos en las provincias del país. Hadra dijo que a él y otros abogados no les han permitido comunicarse con algunos de sus clientes ni conocer su ubicación.
De los detenidos, 25 se enfrentan a cargos de incitación de tropas para rebelarse contra sus líderes, comentó. De ser condenados, podrían enfrentarse a cadena perpetua, agregó.