Las "injusticias ambientales" en EEUU

La casa de Michael Coleman es la única que sigue en pie en una calle angosta que se encuentra entre una refinería de petróleo que no lo deja dormir y un enorme silo que cubre su camioneta de polvo y agrava sus problemas respiratorios.

Coleman, quien tiene 65 años, señala hacia la chimenea junto a su patio. “Cuando llegaron las plantas (industriales), construyeron encima nuestro”, expresó. “Estábamos rodeados de caña de azúcar y ahora estamos rodeados de plantas”.

La petrolera le ofreció comprar su casa, pero Coleman se negó. “Quiero un trato justo”, explicó. Mientras tanto, sobrelleva como puede una presión alta, problemas con la tiroides y otros achaques de su salud que atribuye a la contaminación generada a lo largo de décadas por sus industrias vecinas, la refinería de Marathon Petroleum y el depósito de granos de Cargill.

El distrito de San Juan el Bautista, donde vive Coleman, es parte de una faja de 137 kilómetros (85 millas) entre Nueva Orleáns y Baton Rouge llamada Corredor Químico del Río Mississippi, que los lugareños conocen como Cancer Alley (El callejón del cáncer). En la región hay varios puntos donde el peligro de contraer cáncer está muy por encima de los niveles considerados aceptables por la Agencia de Protección Ambiental, conocida por sus siglas en inglés, EPA.

El director de la EPA Michael Regan visitó a Coleman y otros residentes durante una gira de cinco días que abarcó áreas entre Mississippi y Texas a mediados de noviembre, y pudo apreciar de primera mano el impacto de la contaminación ambiental en las comunidades de bajos ingresos, donde residen mayormente las minorías.

Un estudio de emisiones tóxicas preparado por la EPA indica que las minorías representan el 56% de los residentes cerca de sectores tóxicos como refinerías, vertederos de basura y plantas químicas. Los efectos negativos incluyen enfermedades crónicas como asma, diabetes e hipertensión.

“Pude ponerle rostros y nombres a lo que llamamos ‘justicia ambiental’”, manifestó Regan en una conferencia de prensa frente a la destartalada vivienda de Coleman, cuyo techo dañado por el huracán Ida está cubierto por un toldo azul.

“A esto nos referimos cuando hablamos de comunidades pegadas a sitios industriales que han sido afectadas desproporcionadamente por la contaminación y que tienen que vivir en estas condiciones”, agregó el funcionario.

La “justicia ambiental” ha sido una de las prioridades de Regan desde que asumió la dirección de la EPA en marzo. Es la primera persona de raza negra que dirige esta dependencia y dijo en una entrevista que el tema “es algo muy personal para mí, además de profesional”.

“Las personas de estas comunidades son iguales a mí. A mi hijo. Cuesta verlos criticar la calidad del agua que beben”, declaró.

Comunidades históricamente marginadas como las de St. John y St. James se beneficiarán de un programa de 1 billón de dólares aprobado hace poco para mejorar la infraestructura del país, según Regan. La ley incluye 55.000 millones de dólares para la infraestructura del agua y los desechos. Otro proyecto bajo estudio en el Senado asignaría más del doble de esa suma a programas de la EPA para limpiar el medio ambiente y abordar otros asuntos ambientales relacionados con el agua que afectan a estas comunidades.

Regan dice que las nuevas leyes van a ayudar, pero no van a resolver de la noche a la mañana décadas de negligencia y los problemas de salud que afectan mayormente a comunidades de raza negra, hispanos y otras minorías. Leyes permisivas para la instalación de industrias y la urbanización han empujado a las minorías raciales y étnicas a sectores próximos a industrias contaminantes en un porcentaje mucho más alto que el de la población en general.

En una audiencia legislativa de octubre, ejecutivos del sector petrolero evitaron responder a preguntas sobre si las refinerías y otras instalaciones tendían a ser instaladas junto a comunidades de bajos ingresos y de minorías.

En Luisiana, un recienten informe del inspector general dijo que la EPA no protegió debidamente a St. John, St. James y otros distritos de las emisiones de cloropreno y óxido de etileno, dos sustancias tóxicas usadas en los procesos industriales.

“Si la EPA, el gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades municipales hubiesen hecho su trabajo, no tendríamos esta situación”, dijo Regan en St. John.

Añadió que, “por primera vez”, la EPA no estaba cuestionando la existencia de las injusticias ambientales. “Reconocemos su existencia. Les decimos a estas comunidades que tenemos que hacer mejor las cosas, y las haremos”.

ESCUELA SIN AGUA

Regan visitó la escuela primaria Wilkins Elementary School de Jackson, Mississippi, donde los alumnos usan baños temporales afuera del edificio porque los de la escuela no se pueden usar debido a la escasa presión del agua.

Kingston Lewis, un niño de nueve años que habló con Regan, dijo que no le gusta tener que salir para ir al baño.

“No puedes atender la clase por un rato largo y hay un olor muy feo”, expresó.

La directora de la escuela Cheryl Brown dijo que tener que depender de baños portátiles es algo “degradante” e “inhumano a todos los niveles”.

El alcalde de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, dice que la municipalidad requiere unos 2.000 millones de dólares para arreglar la infraestructura del agua, pero que espera recibir mucho menos. Sostuvo que esta comunidad mayormente afroestadounidense “no recibe un porcentaje equitativo de los recursos del estado”, controlado por los republicanos.

¿SUEÑO O PESADILLA AMERICANA?

Regan también visitó Gordon Plaza, un barrio de Nueva Orleáns erigido encima de un antiguo vertedero. En los años 90 fue designado un sector altamente contaminado que requería una limpieza, pero decenas de familias mayormente de raza negra siguen viviendo allí, a la espera de que les compren sus casas para irse, y se sienten olvidadas.

Beverly Wright, directora ejecutiva del Deep South Center for Environmental Justice de Nueva Orleáns, dijo que “puedes sentir los químicos en tu boca. Es algo que no se puede ignorar”.

“La EPA los ayudará a resolver este problema”, prometió Regan.

La alcaldesa de Nueva Orleáns LaToya Cantrell prometió 35 millones de dólares a Gordon Plaza, pero sus residentes dicen que ya les han hecho muchas promesas que no se cumplieron.

“Tratas de vivir el sueño americano y se convierte en una pesadilla. No hay justicia”, declaró Earl Smothers, un residente del lugar.