Mina en Guatemala espera que el gobierno apoye contra crisis

Directivos de una plana procesadora de material minero en Guatemala se aferran a las acciones gubernamentales para resolver la crisis de una comunidad al norte donde una porción dice estar en contra de sus operaciones. Los directivos minimizan las protestas y bloqueos de carreteras de pobladores que ya lograron que la corte más importante del país suspenda una de las dos licencias mineras que tienen a su cargo.

Dimitry Kudryakov —presidente de Pronico, la planta procesadora subsidiaria de la compañía suiza Solway Investment Group, que tiene a su cargo la explotación de dos licencias mineras de níquel, los proyectos Montufar y Fenix— dijo a The Associated Press que la compañía no tiene ningún problema y que las comunidades que habitan la región están de acuerdo con sus operaciones.

“Solo son un grupo de 30-40 personas que no viven en el lugar... Yo no creo que podemos considerar que hay un problema. No tenemos problemas con la comunidad”, dijo Kudryakov y explicó que autoridades electas en el Consejo de Desarrollo locales están a favor de las operaciones.

A principios de año, la Corte de Constitucionalidad ordenó frenar las operaciones de la mina de extracción de níquel Fenix, de una extensión explotada de poco más de 6 kilómetros, debido a que pobladores impugnaron la misma por no haber realizado consultas comunitarias para definir si las comunidades estaban o no de acuerdo con sus operaciones. La Corte también ordenó hacer las consultas respectivas.

Sin embargo, las protestas se recrudecieron y durante los últimos 17 días el grupo de pescadores que lograron el fallo mantuvo bloqueada la carretera que conduce hacia la mina. Esto evitó que decenas de camiones cargados con materiales transitaran.

El sábado el gobierno envió cientos de policías que liberaron el paso y custodiaron los camiones. Tras la liberación del lugar el presidente Alejandro Giammattei ordenó implantar estado de sitio.

Kudryakov, de origen ruso, reclama que las protestas afectan la labor de Pronico, la planta procesadora que no tiene prohibición para operar, como la licencia minera suspendida.

Con las acciones del gobierno, los pobladores que estuvieron protestando se sienten amenazados y perseguidos y han optado por replegarse. Algunos se niegan a hablar sobre lo que está sucediendo por temor a ser vinculados con la protesta y ser detenidos o acusados.