P. Rico: Prensa pide a Corte Suprema vea caso de violencia

Andrea Ruiz acudió a la corte tres veces en una semana para solicitar que la protegieran de su exnovio. En todos los casos le rechazaron la petición, y varias semanas después fue hallada muerta tras haber sido golpeada, estrangulada, apuñalada y quemada.

El incidente causó indignación en la isla, y diversos periodistas solicitaron los expedientes de las actuaciones judiciales correspondientes, pero los tribunales locales rechazaron las peticiones. El viernes, los reporteros recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que el público tiene derecho a saber si el sistema judicial de Puerto Rico funciona o necesita cambios.

“Es un derecho básico, fundamental”, declaró a The Associated Press David Schulz, profesor de la Facultad de Derecho de Yale y abogado en el caso. “Sin acceso, la gente no puede tener confianza de que los tribunales estén haciendo lo correcto”.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su caso contra el gobierno de la isla. La Asppro planteó dos cuestiones: si el hermetismo automático en todos los procedimientos de violencia doméstica y sus expedientes infringe la Primera Enmienda constitucional, y si los tribunales pueden actuar de esa manera sin primero tomar en cuenta la Primera Enmienda.

Dicha enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de religión, de reunión y el derecho de petición al gobierno.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico no había respondido de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones.

Después del homicidio de Ruiz, el departamento anunció nuevas medidas para impedir que se repitan casos similares, entre ellas asignar a un fiscal para que acompañe a una víctima de violencia de pareja a ciertas audiencias y organizar talleres para los fiscales.

Ruiz, encargada de una tienda de ropa de 33 años, fue asesinada meses después de que el gobernador de Puerto Rico declarara a finales de enero un estado de emergencia por violencia de género, debido a los casi 5.900 casos en 2019 y aproximadamente 5.500 el año pasado en la isla de 3,3 millones de habitantes. De esos totales, sólo un pequeño porcentaje termina en condenas.

Miguel Ocasio fue acusado del homicidio de Ruiz poco después de que el cadáver fuera descubierto, y un par de meses después se suicidó en la cárcel. Le habían fijado una fianza de un millón de dólares

La madre de Ruiz apoya que se den a conocer las grabaciones de audio de las actuaciones en tribunales correspondientes a su hija, que tuvo que ser identificada mediante los registros dentales. El gobernador Pedro Pierluisi también respalda la propuesta.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló por 5-3 que restringir el acceso a todas las actuaciones relacionadas con violencia doméstica era necesario porque de lo contrario evitaría que las futuras víctimas de esa violencia soliciten la protección de un tribunal.

“Todos queremos respuestas, pero en el afán de que alguien responda, no podemos permitir tal nefasto precedente”, escribió la mayoría.

La ley de Puerto Rico señala que un juez es el que decide a quién se le permite el acceso a las salas especializadas en casos de violencia doméstica. En el territorio continental de Estados Unidos la ley varía según cada estado.

El abogado Rafelli González Cotto, que colabora en la representación de la Asppro, censuró la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Es una falta de respeto al país y a los periodistas”, señaló. “Tienen derecho a saber qué ocurrió exactamente”.

González Cotto y otros abogados que representan a periodistas alegan en parte que hay un precedente con un caso de hace casi dos décadas en el que la Corte Judicial Suprema de Massachusetts falló que había un derecho en la Primera Enmienda que le permitía al público acceder a expedientes en una actuación sobre maltrato familiar.

El abogado Edgar Villanueva Rivera dijo que el acceso a la información solicitada por los periodistas es vital debido a lo que la prensa local ha sacado a la luz a la fecha, incluido que los fiscales admitieron que un tribunal local desconocía —en el momento en que Ruiz buscó la protección— que su exnovio tenía una acusación previa de intento de homicidio de otra expareja, asunto que se resolvió mediante un programa alterno de rehabilitación.

Ahora que la petición ha sido presentada, las partes —incluyendo el secretario de Justicia de Puerto Rico y los parientes de Ruiz y Ocasio— pueden responder en 30 días, según Stephen Stich, maestro de la Facultad de Derecho de Yale y que también representa a los periodistas. Después de eso, la Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir si examinará el caso. El máximo tribunal acepta entre 100 y 150 asuntos de los más de 7.000 que se le pide revisar cada año, según el gobierno federal.