Parlamento Europeo pide ampliar sanciones a Ortega y Murillo

El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que “condena enérgicamente todas las acciones represivas” del gobierno de Nicaragua y pide ampliar la lista de personas y organismos a ser sancionados, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta.

La resolución, aprobada en Bruselas con el voto de 629 de los 705 miembros de la Eurocámara, demandó también la “libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, incluidos seis aspirantes presidenciales y otros 20 opositores detenidos en las últimas semanas a sólo cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre.

El texto solicitó “al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense”.

Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados a Ortega y Murillo, incluidos ella y tres de sus hijos, han recibido sanciones de Estados Unidos Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.

Sobre la situación de los seis aspirantes presidenciales arrestados, la resolución exigió “que el gobierno proporcione de inmediato pruebas de que los detenidos siguen vivos y prueba de su paradero” y que garantice “el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos”.

Los familiares de la mayoría de los 26 opositores detenidos dicen no saber dónde están recluidos ni cómo se encuentran, ya que el gobierno ha rechazado el ingreso de sus abogados y denegado los recursos de exhibición personal.

Tras recordar que “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, los eurodiputados pidieron también activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, lo que enciende las alertas sobre la participación futura del país en dicho tratado.

La Eurocámara también instó a garantizar que la ayuda de los programas de desarrollo de la UE “llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria”.