Parlamento Europeo pide más sanciones contra Daniel Ortega

El Parlamento Europeo aprobó el jueves por amplia mayoría una resolución que desconoce la reelección del presidente sandinista Daniel Ortega en lo que llamó la “farsa electoral” del 7 de noviembre en Nicaragua y pidió a la Unión Europea (UE) nuevas sanciones contra su gobierno, al que acusa de cometer actos de corrupción.

El Parlamento Europeo dijo en una resolución que esa elección "vulnera todos los parámetros democráticos internacionales de unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes”. Además, “rechaza la legitimidad de los resultados de estas falsas elecciones y, por tanto, la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados”.

La resolución, que había sido discutida ampliamente el pasado martes, quedó aprobada con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones, en una sesión a la que asistieron 685 de los 705 miembros de la Eurocámara.

Ortega se reeligió con más del 75% de los votos en unos comicios sin observadores locales ni internacionales reconocidos y tras haber encarcelado a siete de sus principales rivales políticos, que continúan presos junto a más de 170 opositores, de acuerdo a cifras de la oposición.

La resolución menciona las sanciones aplicadas por la UE contra unos 14 funcionarios y allegados al mandatario sandinista, entre ellos la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, y solicitó al bloque “que Daniel Ortega sea añadido a la mayor brevedad a la lista de personas sancionadas”.

Una treintena de miembros del gobierno nicaragüense han sido sancionados también por Estados Unidos Gran Bretaña y Canadá incluyendo varios hijos de la pareja presidencial. La medida se aplicó a raíz de las protestas sociales de 2018 que fueron fuertemente reprimidas por la policía y paramilitares.

Organismos internacionales han acusado al gobierno sandinista de violentar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad contra opositores civiles. Ortega y sus funcionarios lo niegan y aseguran que el gobierno fue víctima de un “fallido golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos.

“Daniel Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño, se ha convertido en el espejo del dictador contra el que luchó”, expresó durante los debates del martes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Agregó que “tanto él como la vicepresidenta Rosario Murillo han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales”.

Por su parte, el diputado español José Ramón Bauzá pidió “congelar los desembolsos que llegan al régimen” nicaragüense. “Ortega es un criminal y como tal debe ser tratado, y debemos darle donde más le duele: en su bolsillo y en el de todos sus testaferros que también están aquí en Europa".

Tras imputar al gobierno de Ortega actos de “corrupción”, la resolución de la Eurocámara insta a la UE “supervisar” los fondos asignados por países del bloque a Nicaragua. Si bien pide a la UE “mantener su ayuda humanitaria para apoyar a los más vulnerables” en Nicaragua, aboga al mismo tiempo para que los estados miembros “supervisen los fondos europeos asignados, también a través de instituciones multilaterales y financieras, para velar porque no contribuyan a reforzar la corrupción del régimen”.

Los diputados también pidieron activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica, lo que permitiría excluir a Nicaragua del tratado comercial vigente desde la década pasada. “De conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”, dijeron.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando estalló la revuelta social contra el gobierno. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violenta acción policial dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y 103.000 exiliados y refugiados, en su mayoría en Costa Rica. El gobierno solo reconoce 200 fallecidos.