Perú estrena gabinete sin ministros de Economía y Justicia

El presidente peruano Pedro Castillo juramentó en la víspera a parte de su gabinete ministerial, dirigido por un polémico primer ministro y con los puestos claves de Economía y Justicia aún vacíos.

Castillo designó como jefe del gabinete a Guido Bellido, un desconocido legislador oficialista de 41 años, pero que se convirtió en el epicentro de la polémica durante la jornada tras descubrirse que emitió repetidas frases homofóbicas y machistas en sus redes sociales en los últimos años.

Por ejemplo en 2019, calificó en su sitio de Facebook de “gay puerco” al exlegislador Carlos Bruce que en 2014 fue el primer congresista en Perú en admitir su homosexualidad. En 2018 comentó una noticia sobre una mujer que se había suicidado porque no le dejaban ver a sus hijos y escribió "la mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo a ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización, si las cosas siguen como están la violencia se va a acentuar cada día más”.

Bellido también está investigado desde mayo por la fiscalía por el presunto delito de “apología del terrorismo”, tras describir durante una entrevista en abril al grupo terrorista Sendero Luminoso como “peruanos que equivocadamente tomaron un camino”.

Según la fiscalía, con esas palabras el ahora primer ministro justifica las acciones criminales senderistas y añade en su investigación que en 2017, Bellido escribió en su sitio de Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia una integrante de Sendero que murió en 1982 en un choque con la policía. Sendero Luminoso provocó un baño de sangre entre 1980-2000 donde la mayoría de víctimas fueron campesinos pobres y quechuablantes.

Las recién conocidas opiniones de Bellido fueron repudiadas por aliados e independientes que apoyaron a Castillo en la última etapa de su candidatura presidencial. El centrista partido Morado, cercano al nuevo mandatario, dijo que el gabinete “no puede estar liderado por una persona que no cree en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo”.

Castillo no dio explicaciones tras la juramentación de Bellido después del mediodía en una llanura de los Andes de Ayacucho, en el sur, donde en 1824 se derrotó de forma definitiva al ejército español. A esa ceremonia asistieron los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Argentina, Alberto Fernández y de Bolivia Luis Arce. También estuvo el expresidente boliviano Evo Morales.

Poco antes de la medianoche del jueves y con varias horas de retraso, el presidente juramentó en el Gran Teatro Nacional a otros 16 integrantes de su gabinete, de los cuáles dos eran mujeres. No se permitió el ingreso de la prensa y el acto apenas estuvo transmitido por la televisora estatal.

Las importantes carteras de Economía y Justicia seguían vacías. Poco antes de la ceremonia, el economista Pedro Francke, asesor de Castillo y voceado como el candidato a la secretaría de Economía y Finanzas y el abogado Aníbal Torres, otro asesor jurídico de Castillo, quien estuvo mencionado como posible ministro de Justicia, se retiraron del Gran Teatro Nacional.

Castillo y sus nuevos secretarios no declararon. La ausencia de un ministro de Economía prolongó la incertidumbre en un país azotado por los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus que ha matado a más de 196.000 peruanos con millones de desempleados y miles de empresas quebradas.

En la madrugada del viernes Castillo escribió en Twitter que su “gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él. Nuestro compromiso es con el Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un país más justo, libre y digno”.

El nuevo gabinete tendrá que presentarse ante el parlamento para recibir la ratificación o el rechazo en el plazo de un mes. Castillo y el partido oficialista Perú Libre apenas tienen 37 votos de 130 escaños. El Parlamento está dominado por la oposición de partidos derechistas y de centro.

El presidente ha prometido mejorar los servicios educativos y sanitarios, pero también reescribir la Constitución promulgada en 1993 porque cree que beneficia “a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales”.

El fin de su gobierno está programado hasta el 2026.