Presidente declara en juicio contra CFK por corrupción

El presidente Alberto Fernández niega irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su actual vicepresidenta, al declarar como testigo en el juicio oral que enfrenta la dirigente por presunta corrupción

AP Noticias
Martes, 15 de febrero de 2022 13:36 EST
ARGENTINA-CORRUPCIÓN JUICIO
ARGENTINA-CORRUPCIÓN JUICIO (AP)

El presidente Alberto Fernández negó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su actual vicepresidenta, al declarar el martes como testigo en el juicio oral que enfrenta la dirigente por presunta corrupción.

“No me consta que haya pasado", respondió el mandatario cuando el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, le preguntó si partidas del presupuesto nacional destinadas a la obra pública habían sido direccionadas de forma arbitraria a favor de un empresario ligado a la exjefa de Estado.

Esta la primera vez en la historia judicial del país sudamericano que un mandatario en ejercicio declaró ante un tribunal que juzga a su segundo.

Un tribunal oral federal de Buenos Aires juzga a Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios y empresarios por una supuesta asociación ilícita montada desde lo más alto del poder y que tuvo como objetivo apoderarse de fondos públicos a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El periodo abarca la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y la de su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner.

Según la fiscalía, hubo una asignación discrecional de obras viales de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, amigo personal de los Kirchner, por un monto estimado en 46.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares al cambio actual).

Fernández fue convocado como testigo por la defensa de la vicepresidenta ya que se desempeñó como jefe de gabinete de ministros de los Kirchner entre 2003 y 2008. En ese cargo tenía, entre otras responsabilidades, que autorizar con su firma las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública.

El presidente, un abogado penalista, insistió que “hay una suerte de fantasía que acá se juntaban dos, tres personas y decían ‘manden la plata a alguien’. Quiero decirles que eso en los hechos es imposible que suceda, es lo que me llama la atención en este juicio”.

“No hubo nunca distribución arbitraria. En un presupuesto es muy difícil distribuir arbitrariamente los recursos de una provincia porque todas las provincias pelean por su parte” durante el debate legislativo para sancionar la ley de presupuesto nacional de cada año, dijo Fernández, quien declaró durante tres horas.

Agregó que nunca tuvo trato con el empresario Báez, también procesado en esta causa. “No conozco a Lázaro Báez, hablé una sola vez en El Calafate (localidad turística en la provincia de Santa Cruz donde los Kirchner tenían varias propiedades). Nunca más lo vi”, y dijo desconocer cuáles eran sus negocios.

El mandatario peronista podía acogerse al derecho a presentar un escrito, pero decidió concurrir en persona a los tribunales, en un gesto que se interpretó como un fuerte respaldo a su vicepresidenta en momentos en que la relación entre ambos no es la mejor por discrepancias sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar una deuda de 44.500 millones de dólares.

En defensa de la ex mandataria, Fernández aseveró que ningún presidente puede estar al tanto de las múltiples obras públicas que están en marcha en un país. “Hay permanentemente una delegación del presidente a los ministros, de los ministros a secretarios y de los secretarios a los directores para aliviar trámites", argumentó.

En este juicio ya declararon otros ex jefes de gabinete en el período investigado, quienes negaron los delitos.

Fernández de Kirchner, que en diciembre de 2019 asumió como vicepresidenta de Fernández, ha rechazado la acusación en su contra y denunció que este juicio es parte de una persecución judicial montada por el gobierno del expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) en complicidad con un sector del Poder Judicial.

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