Puerto Rico entra al debate sobre restricciones al aborto

Legisladores influyentes de Puerto Rico se están uniendo a los conservadores en entidades de Estados Unidos para tratar de imponer mayores restricciones a los abortos, lo que ha alarmado a grupos feministas y a otros en la isla.

Un proyecto de ley presentado recientemente prohibiría los abortos a partir de las 22 semanas de embarazo, o cuando un médico determine que el feto es viable, con la sola excepción de que la vida de la mujer esté en peligro. Esto coincide con la mayoría de las leyes estatales de Estados Unidos, aunque es más limitante que el estatus actual de Puerto Rico, que no establece ningún límite de tiempo.

La iniciativa está siendo promovida en un momento en que una mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos tiene a muchos especulando sobre la posibilidad de que revierta o debilite el derecho constitucional al aborto reconocido en la histórica sentencia del caso de Roe contra Wade de 1973.

Una comisión del Senado de Puerto Rico aprobó la propuesta la semana pasada con una votación de 9 a favor y 3 en contra, pese a las objeciones de los departamentos de salud y justicia de la isla. El secretario de Salud dijo que la medida interfiere con la relación entre el paciente y el doctor y no toma en cuenta las circunstancias que afectan la salud de las mujeres y su acceso a los servicios de aborto. Por su parte, el secretario de Justicia se opuso a la propuesta de crear un registro gubernamental de las mujeres que interrumpen sus embarazos y las razones que las motivan, lo que dice podría poner en peligro el derecho de las pacientes a la privacidad.

Grupos feministas y otros también se han quejado de la falta de audiencias públicas antes de que esa comisión aprobara el proyecto de ley.

Algunos se molestaron aún más cuando José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico y del opositor Partido Popular Democrático, dijo la semana pasada que quienes abortan un feto viable son “asesinos”.

Su discurso suscitó críticas de exgobernadores de su propio partido, que desde hace tiempo es considerado más liberal que el Partido Nuevo Progresista, al que pertenece el gobernador Pedro Pierluisi.

Aunque muchas encuestas muestran un apoyo mayoritario al derecho al aborto en muchos o en la mayoría de los casos en el territorio continental de Estados Unidos, hay indicios de lo contrario en Puerto Rico: Las encuestas recientes son escasas, pero un sondeo de 2017 realizado por Pew Research encontró que aproximadamente tres cuartas partes de los habitantes de la isla se oponían al aborto en todos o la mayoría de los casos, un porcentaje mucho más alto que entre los puertorriqueños que viven en el territorio continental de Estados Unidos.

Encuestas más pequeñas y recientes realizadas por medios de comunicación locales dejan entrever que la opinión pública no ha cambiado mucho. Y políticos clave de los dos principales partidos de Puerto Rico parecen ver ventajas en apelar a las creencias antiabortistas.

Raúl Cotto-Sierra, profesor de filosofía política en la Universidad de Puerto Rico, dijo que tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista están tratando de recuperar a simpatizantes conservadores que perdieron en las recientes elecciones frente a partidos más nuevos como Proyecto Dignidad, que se presentó con una plataforma cristiana y prometió implementar restricciones al aborto.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, integrante de ese partido, es una de las autoras del actual proyecto de ley sobre el aborto. Con ella están Dalmau y el senador Thomas Rivera Schatz, expresidente del Senado y miembro del Partido Nuevo Progresista.

Si los legisladores de Puerto Rico aprueban el proyecto de ley, se unirían a una tendencia creciente de estados estadounidenses que restringen los abortos.

Cuarenta y cuatro estados de Estados Unidos han impuesto límites a la interrupción del embarazo, muchos de ellos en lo que respecta a la viabilidad del feto o en un rango de 20 a 24 semanas de gestación. Y el año pasado, 19 estados implementaron más de 100 restricciones al aborto, la cantidad más alta en cualquier año desde el fallo del caso Roe contra Wade, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, una organización de investigación con sede en Nueva York que apoya los derechos al aborto. La más reciente tuvo lugar el martes, cuando la Cámara de Representantes de Oklahoma —controlada por los republicanos— aprobó un proyecto de ley que convierte la realización de un aborto en la mayoría de las circunstancias en un delito castigado hasta con 10 años de prisión.

Se tenía previsto que el Senado de Puerto Rico votara el lunes sobre la propuesta, pero en lugar de ello la devolvió a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia tras las críticas por la falta de audiencias públicas. Rodríguez, uno de los senadores autores del proyecto, supervisa esa comisión.

“Es un peligro real el que estamos enfrentando”, comentó la abogada Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Mother Project, un grupo sin fines de lucro enfocado en ayudar a las mujeres. “Hay que alinear fuerzas para poder hacer frente”.

Se prevé que la comisión realice audiencias públicas este mes y mande el proyecto al Senado para que sea sometido a votación. Si es aprobado, pasaría a la Cámara de Representantes.

Los senadores Dalmau, Rivera y Rodríguez emitieron un comunicado conjunto en el que implicaron que no prevén que las audiencias influyan en las posturas: “Algunos creen o insinúan que realizar vistas públicas cambiará la opinión de quienes favorecen o de los que se oponen a la medida. El tiempo dirá”.

Entre los partidarios de la propuesta está el grupo activista Mujeres por Puerto Rico, que dijo que el proyecto de ley ayudaría a impulsar la menguante tasa de natalidad de la isla, y argumentó que fetos de 23 semanas han sobrevivido.

El territorio de 3,2 millones de habitantes en el Caribe registró más de 3.700 abortos en 2020, menos de los 4.200 reportados en 2018, de acuerdo con las estadísticas más recientes del gobierno. Las autoridades de salud dijeron que aproximadamente el 99% de los abortos en Puerto Rico son realizados antes de las 22 semanas de gestación.

Pierluisi no ha participado en el debate, y sólo ha dicho que está a favor de las audiencias públicas “de manera que se pueda tener el insumo de todas las partes, incluyendo el criterio médico. Hay que ser cuidadosos en este asunto, y debe contar con el mayor análisis posible”.