Queman coches patrulleros en protestas callejeras en La Paz
Dos coches de la policía son atacados por cocaleros en el cuarto día de protestas en las calles de La Paz entre agentes y grupos de cultivadores de coca que se disputan un mercado de ésta
Dos coches patrulleros fueron incendiados el viernes en el cuarto día de choques callejeros entre policías y grupos antagónicos de cocaleros que se disputan el control de un mercado de la coca en La Paz.
Los dos vehículos policiales ardieron en el patio de una comisaria de barrio hasta donde llegaron petardos lanzados supuestamente por manifestantes, según un informe preliminar de la policía. El barrio de Villa Fátima al norte de la ciudad era un campo de batalla entre policías que lanzaban gas lacrimógeno y cocaleros que disparaban piedras y petardos en medios de transeúntes y viviendas.
En la víspera los enfrentamientos dejaron varios contusos y derivaron en el arresto de una treintena de manifestantes. Uno de los grupos en disputada acusa al gobierno y a la policía de apadrinar a otro grupo que el lunes tomó el control del mercado de coca, según dijo el dirigente Armin Lluta.
La policía acusó a los cultivadores de coca de la región de La Paz de lanzar pequeñas cargas de dinamita a los agentes del orden. El vicepresidente David Choquehuanca ha convocado a los sectores en conflicto a reuniones para buscar acuerdos.
El conflicto está centrado en el control de un mercado legal en Villa Fátima donde productores y comerciantes venden la hoja para uso tradicional como el masticado y las infusiones, pero diversos estudios dicen que buena parte de la producción se desvía a la fabricación de cocaína de la que Bolivia es tercer productor mundial después de Colombia y Perú
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dijo a finales de agosto que la coca se ha expandido en el norte de La Paz más allá de los límites permitidos. El comercio legal de ese arbusto mueve entre 365 y 449 millones de dólares al año, poco más del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) según ese organismo.
Más de cien mil familias viven del cultivo cuyo comercio legal está controlado por los sindicatos de productores. La ley permite el cultivo hasta 22.000 hectáreas, pero la UNODC dijo que la superficie creció hasta 29.400 en 2020, el mayor incremento de los últimos años.