Familias de víctimas de masacre en Charleston logran acuerdo
Las familias de nueve personas que murieron en un ataque racista contra una iglesia en una comunidad de raza negra en Carolina del Sur llegan a un acuerdo con el Departamento de Justicia respecto a una revisión incorrecta de antecedentes que permitió a Dylann Roof comprar la pistola que usó en la masacre de 2015
Las familias de nueve personas que murieron en un ataque racista contra una iglesia en una comunidad de raza negra en Carolina del Sur llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia respecto a una revisión incorrecta de antecedentes que permitió a Dylann Roof comprar la pistola que usó en la masacre de 2015.
El acuerdo de 88 millones de dólares, que incluye 63 millones para las familias de los asesinados y 25 millones para los sobrevivientes del ataque, será anunciado el jueves en Washington, dijo Bakari Sellers, un abogado que ayudó a negociar el acuerdo, a The Associated Press el jueves.
Sellers indicó que la cifra de “88” era significativa, siendo un número relacionado generalmente con los grupos de supremacía blanca y el número de balas que Roof dijo que llevó consigo para perpetrar el ataque.
“Le estamos diciendo a la supremacía blanca y al racismo, váyanse al carajo”, afirmó Sellers a la AP. “Lo hacemos creando bienestar generacional en estas comunidades negras, luego de uno de los crímenes raciales más horrendos del país”.
Meses antes del tiroteo del 17 de junio de 2015 en la iglesia, Roof fue arrestado el 28 de febrero por la policía de Columbia, Carolina del Sur, por posesión de drogas. Pero una serie de errores y tropiezos administrativos permitieron a Roof comprar la pistola que posteriormente usó en la masacre.
Entre los errores estuvieron el reportar la oficina del comisario como la agencia responsable del arresto en el caso de posesión de drogas, de acuerdo con documentos de la corte. Una investigadora del Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales de Estados Unidos (NICS por su acrónimo en inglés) halló parte de la información del arresto pero necesitaba más para impedir la venta, por lo que ella envió un fax a la oficina del comisario, la cual respondió que no tenía ese reporte y la remitió a la policía de Columbia.