Turquía: oposición pide suspender la ley de desinformación

El principal partido opositor de Turquía apela a la corte suprema para que suspenda la aplicación de una nueva ley de prensa que castiga con prisión a las personas declaradas culpables de difundir “desinformación”

Associated Press
Martes, 18 de octubre de 2022 11:51 EDT
TURQUÍA-LEY DE DESINFORMACIÓN
TURQUÍA-LEY DE DESINFORMACIÓN (AP)

El principal partido opositor de Turquía apeló a la corte suprema el martes para que suspenda la aplicación de una nueva ley de prensa que castiga con prisión a las personas declaradas culpables de difundir “desinformación”.

La semana pasada, el Parlamento aprobó una ley de 40 artículos que enmienda las leyes de prensa y redes sociales con el fin expreso de combatir las noticias falsas. Los detractores temen que se use la medida para aumentar la represión de las redes sociales y la prensa independiente cuando se acercan las elecciones.

La ley, aprobada con los votos del partido del presidente Recep Tayyip Erdogan y sus aliados nacionalistas.

La disposición más controvertida, el Artículo 29, prevé hasta tres años de prisión por difundir información “contraria a la verdad” acerca de la seguridad interior y exterior, el orden público y la salud, con el supuesto fin de generar “preocupación, temor y pánico en el público”.

Engin Altay, dirigente del Partido Popular Republicano, recurrió a la Corte Constitucional para que suspenda la aplicación del Artículo 29.

“Esta es una ley que (pretende) presentar las mentiras (del gobierno) como si fueran la verdad y la verdad como mentiras, y no se la puede aceptar”, dijo Altay luego de presentar el recurso.

El partido pedirá la anulación de toda la norma más adelante, afirmó.

Erdogan sostuvo que las noticias falsas y el ascenso del “fascismo digital” amenazan la seguridad nacional y global. Su Partido Justicia y Desarrollo y los aliados nacionalistas dicen que la desinformación impide que la gente acceda a la verdad, lo cual socava la libertad de expresión.

El partido gobernante niega que la ley busque amordazar a los críticos.

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