Más gente en EEUU alega razones religiosas para no vacunarse

A medida que crece la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, están aumentando también las personas que alegan motivos religiosos para exentarse de la medida.

Tales objeciones religiosas se utilizaban antes sólo de forma ocasional para obtener una dispensa a varias vacunas obligatorias. Sin embargo, se están convirtiendo en un recoveco legal cada vez más utilizado para evitar la aplicación de la vacuna contra el COVID.

Alrededor de 3.000 empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles están alegando objeciones religiosas para tratar de librarse de la vacuna obligatoria. En el estado de Washington, cientos de trabajadores estatales están buscando exenciones similares. Un hospital de Arkansas se ha visto desbordado por tantas solicitudes de este tipo por parte de sus empleados que, al parecer, ha decidido no aceptarlas.

Es probable que el fenómeno crezca después de que el presidente Joe Biden impulsara un nuevo mandato de vacunación que abarca a más de 100 millones de estadounidenses, incluidos los empleados del poder ejecutivo y los trabajadores de empresas con más de 100 personas en nómina.

El gobierno federal reconoce que una pequeña minoría de estadounidenses utilizará las exenciones por motivos religiosos y que algunos tratarán de abusar de ellas. No obstante, cree que incluso las mejoras en los niveles de vacunación, por insignificantes que sean, salvarán vidas.

Aún no está claro cuántos empleados federales han solicitado una exención religiosa. El Departamento de Trabajo ha dicho que la puede rechazar si eso acarrea una carga excesiva.

A nivel de los estados, los requisitos de mascarillas y vacunas varían, pero la mayoría ofrece exenciones para ciertas afecciones médicas u objeciones religiosas o filosóficas. El uso de tales exenciones, en particular por parte de los padres en nombre de sus hijos en la escuela, ha ido en aumento durante la última década.

El recurso fue consagrado en la Ley de Derechos Civiles federal de 1964, que dice que los empleadores deben hacer ajustes razonables para aquellos empleados que se oponen a ciertos requisitos laborales debido a creencias religiosas “sinceras”.