Violencia extremista y desapariciones asolan Burkina Faso

La última vez que Polenli Combary habló con su hijo por teléfono, pidió a Dios para que lo bendijera. Poco después volvió a llamarlo, pero la línea estaba cortada.

Su hijo, de 34 años, estaba devolviendo el camión que usaron para sacar las pertenencias de la familia de una aldea en el este de Burkina Faso luego de que los yihadistas obligaron a todo el mundo a marcharse. Desapareció en marzo.

“Seguiremos buscando (...) solo rezo a Dios para que vuelva", dijo una abatida Combary, de 53 años, en la ciudad oriental de Fada N’Gourma, donde vive ahora.

La violencia extremista islámica está asolando Burkina Faso con miles de muertos y más de un millón de desplazados.

Y hay gente a la que no se puede localizar. Los reportes de familiares desaparecidos se multiplicaron por cuatro — de 104 a 407 — entre 2019 y 2020, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que define a una persona desaparecida como aquella cuyo paradero se desconoce y que requiere la intervención del Estado.

“Con el conflicto, hay más movimientos repentinos de personas, hay más incidentes que pueden llevar a la separación y a la desaparición", afirmó Marina Fakhouri, directora de protección del CICR en Burkina Faso. “Además, estamos preocupados por la cantidad de familias que acuden a nosotros directamente para notificar que tienen un familiar desaparecido y que necesitan ayuda".

Antes, en esta nación del África Occidental las desapariciones respondían a la migración, a inundaciones o problemas derivados del cambio climático, pero la magnitud del problema ha aumentado por la violencia, añadió.

Rastrear el paradero de una persona durante un conflicto y en un contexto de desplazamientos masivos es un reto, pueden causar tensiones dentro de las familias y las comunidades, así como angustia psicológica y física. Un mes después de la desaparición de su hijo, el esposo de Combary murió de un ataque al corazón por la conmoción, agregó.

Aunque algunas familias culpan a los yihadistas de la desaparición de sus seres queridos, muchos otros apuntan a las fuerzas de seguridad como principales responsables. Durante un viaje a Fada N’Gourma en octubre y tras conversaciones telefónicas con residentes en la provincia de Sahel tres familias, incluyendo la de Combary, dijeron a The Associated Press que sospechaban que el ejército era el culpable de la ausencia de sus parientes.

Grupos de defensa de los derechos humanos han acusado al ejército de asesinatos extrajudiciales y de atacar a presuntos colaboradores de los yihadistas. Alrededor del 70% de las familias que reportan una desaparición señalan que está ligada a las fuerzas de seguridad, apuntó Daouda Diallo, secretario ejecutivo del Colectivo Contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades, un grupo de la sociedad civil.

Desde finales del año pasado, se han reducido los casos reportados relacionados con el ejército, algo que Diallo atribuye a un reporte de Human Rights Watch que acusó a la institución de estar implicada en asesinatos masivos. Pero ahora los abusos los cometen combatientes voluntarios, civiles armados por el estado, apuntó.

“Es triste ver que la violencia ha sido subcontratada a civiles armados o a milicias sobre el terreno", afirmó Diallo.

El Ministerio de Defensa no respondió a peticiones de comentarios.