Abandona Guatemala una reconocida exfiscal anticorrupción que denunció persecución judicial
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La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, un símbolo de la lucha anticorrupción que denunció una persecución judicial en su contra por su trabajo en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, abandonó el país, según una carta compartida a medios de comunicación.
La abogada, que estuvo dos años en prisión y ahora tenía libertad condicional, ha denunciado una persecución en su contra debido al trabajo que realizó en coordinación con la CICIG, ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó la corrupción en el país hasta que en 2019 el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar su mandato.
En noviembre de 2022, Laparra fue declarada “presa de conciencia” por la organización Amnistía Internacional que consideró que su detención se debió a su labor en defensa de los derechos humanos.
“Nadie debe sufrir lo que se me forzó a enfrentar en los últimos tiempos”, dijo la abogada en una carta fechada el 17 de julio en la que explicó que durante los dos años que estuvo en prisión se le "trató de forma inhumana”.
”Decidí salir al exilio para preservar mi vida”, agregó.
Durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) más de 35 funcionarios del Poder Judicial se exiliaron y denunciaron una persecución por parte de la fiscal general Consuelo Porras después de abordar casos relacionados con la corrupción y los crímenes de lesa humanidad cometido durante la guerra civil de 1960 a 1996.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció por la salida del país de la exfiscal y dijo que “mientras Virginia se ve obligada a abandonar el país, los corruptos se pasean impunemente por las calles. Este ciclo oscuro terminará pronto”, dijo.
El presidente agregó que “el exilio de Virginia Laparra evidencia dos cosas: que la persecución a operadores de justicia continúa por parte de una minoría corrupta liderada por el MP (Ministerio Público) y que tener un sistema de justicia independiente es impostergable”.
Laparra fue jefa de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el departamento de Quetzaltenango y en su momento denunció al juez Lesther Castellanos por revelar información de casos de corrupción.
Posteriormente el juez fue sancionado, pero éste la denunció y con el apoyo de la fiscalía, que destituyó a Laparra, fue llevada a juicio y condenada por abuso de autoridad, por lo que estuvo dos años en la cárcel.
Recientemente otro juez le impuso una pena conmutable de cinco años de prisión —además de una multa de unos 6.500 dólares y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años— por revelar información confidencial. Actualmente, estaba en libertad condicional.
“La persecución judicial en mi contra inició en 2017 y aún hoy amenaza con seguir sin detenerse. Al día de hoy he sido dos veces condenada injustamente. Todo por el único motivo de hacer mi trabajo con independencia y por haber mantenido la dignidad intacta”, dijo Laparra en su escrito.
Herberth Pérez, abogado de Laparra, dijo que desconocía los planes de Laparra y que para el viernes estaba prevista una audiencia en la que Castellanos pediría que lo indemnizara por supuestos daños.
La fiscal general, Consuelo Porras, fue sancionada por el gobierno estadounidense por socavar la democracia y entorpecer la lucha anticorrupción. Arévalo ha mantenido distanciamiento de Porras y la salida de la fiscal fue una promesa de campaña, exigida por una gran parte de la población.
La fiscalía ejecutó una arremetida contra Arévalo, su partido y autoridades electorales el año pasado durante el periodo electoral para revertir el resultado de 2023 que le dio la victoria a Arévalo.
A porras le queda año y medio en el cargo, mientras que Arévalo termina su mandato en 2028.