Alejandro Encinas admite que puede haber pruebas fabricadas en su informe sobre Ayotzinapa

El New York Times publicó una entrevista que realizó a Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad que investiga lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. En la entrevista, el funcionario acepta que muchas de las pruebas que se presentaron como evidencia clave y crucial en el informe que se publicó en agosto no pudieron verificarse como reales.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, dijo el funcionario, Alejandro Encinas.

Desde junio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sabía por fin con certeza lo que le había ocurrido a los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, y que este año resolvería el asunto, sin embargo, los investigadores no habían certificado las pruebas.

“Termina pareciéndose mucho a lo de antes, salir sin verificación, más por política que por convicción de tener ya esclarecida la verdad”, dijo a la publicación Santiago Aguirre, abogado de las familias de los 43.

A inicios del sexenio, las familias fueron convocadas a Palacio Nacional, a donde López Obrador trasladó su residencia, para tener reuniones regulares en donde se les prometió la resolución del caso.

“El último reporte de la Comisión ya es más sólido en cuanto a lo sucedido, ya hay más coincidencia en lo que pasó y, claramente, en el informe, ya se señala a responsables y por eso se procedió la detención de algunas personas, entre ellos, servidores públicos, tanto civiles como militares. A partir de que se tomó esta decisión se exacerbaron las cosas porque nunca imaginaron de que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado”, dijo hoy el mandatario defendiendo el actuar de Encinas.

En la entrevista que el funcionario dio al diario, reveló que tras recibir presiones por parte del mandatario para dar resultados sobre la investigación, decidió viajar a Israel para encontrarse con Tomás Zerón, un exfuncionario del gobierno anterior acusado de obstaculizar la investigación, que ha solicitado asilo en aquel país.

Zerón, por el que México ha solicitado la extradición a Israel, ha sido señalado de torturar testigos y sembrar evidencias para sostener la “verdad histórica” que intentó asegurar que los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula. En febrero, Encinas le ofreció volver a México con “apoyo del presidente” a cambio de información sobre el paradero de los restos de los normalistas.

“Ayúdame a desenmarañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón en el encuentro. “Yo te garantizo el apoyo del presidente”.

Encinas dijo al Times que intentaba persuadir a Zerón para cooperar porque consideraba que tenía información valiosa, y que solo le prometió que López Obrador respaldaría un acuerdo, que podía haber incluido una sentencia reducida de prisión.

Aunque no consiguió nada de Zerón, quien niega todas las acusaciones en su contra por las que podría pasar hasta 60 años en prisión si llega a ser juzgado. En abril, Encinas dio con un conjunto de mensajes de WhatsApp del 2014 que, supuestamente, se enviaron delincuentes, integrantes del ejército y otros funcionarios.

“Los mensajes, que fueron compartidos con Encinas por una sola fuente como una serie de 467 capturas de pantalla, fueron cotejados con otras pruebas. Pero Encinas no compartió las capturas con la oficina de la fiscalía general a pesar de que, dijo, dichos funcionarios podían haber realizado un análisis forense para verificar la autenticidad de los mensajes”, dice la publicación.

En ese momento, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, también ejercía presión para tomar acciones judiciales en el caso contra el ex procurador (y antecesor de Gertz), Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en agosto acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, sin un caso sólido en su contra, como indicó abiertamente el juez ante quien fue presentado y quien suspendió el proceso.

“Inmediatamente, surgió la sospecha de que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, y aquí lo he dicho, que quisieron (en la Fiscalía) dinamitarnos la investigación para que no se actuara. Entonces, por eso, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso, pues ya no íbamos a poder tomar la decisión. Porque, si en vez de 6 militares, eran 20, pues ya íbamos a poder actuar”, aseguró AMLO esta mañana durante su conferencia de prensa matutina.

Poco después de la publicación del reporte de la Comisión, se giraron varias órdenes de aprehensión, una de ellas contra el general José Rodríguez Pérez, que se desempeñaba como comandante del 27 batallón de infantería al momento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pérez se entregó y permanece detenido en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México en espera de juicio.

Sin embargo, el último fin de semana de septiembre se dio a conocer que, a petición de la FGR (Fiscalía General de la República), un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión, que se habían girado en agosto con base en los hallazgos del reporte, contra servidores públicos, entre ellos 16 militares, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Días más tarde, Omar Gómez Trejo, el fiscal principal de la UEILCA (Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa) renunció y fue sustituido por Rosendo Gómez, abogado cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Por su parte, el diario El País reveló que la unidad se ha ido desmantelando por parte de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, hasta dejarla sin personal y sin presupuesto, por lo que en realidad ya solo funciona en papel.

Los mensajes de WhatsApp fueron cuestionados por un equipo de investigadores internacionales, que está involucrado el caso desde el sexenio anterior, pues difieren de otras comunicaciones interceptadas con anterioridad.

“Hay unos que hemos desechado. No tienen elementos suficientes para acreditarse”, dijo Encinas, que además admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.

El funcionario, sin embargo, dice confiar todavía en la investigación de la Comisión que “tiene mucha solidez y se va consolidando”.

En septiembre pasado, la periodista Peniley Ramírez tuvo acceso al reporte original de la comisión, que dio a conocer testado en su mayoría, e hizo públicos varios de los mensajes de texto que contenía como prueba de lo que había sucedido con los estudiantes.

“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche”, escribió la columnista en el diario Reforma.

Se trata de supuestos intercambios entre integrantes del cártel de Guerreros Unidos, en donde mencionan el momento en que se les ordenó acabar con la vida de los estudiantes secuestrados y, un par de días después, mover los restos para evitar que fueran hallados. También se reconoce la participación de los militares en la muerte de, por lo menos, 6 de los jóvenes y de Tomás Zerón como artífice de la “verdad histórica”.

“(...) Tomás Zerón (...) ya coordinó todo absolutamente, van a crear una historia muy realista para que ya se calle esa pinche gente”, dice uno de los mensajes, supuestamente, de José Luis Abarca, el entonces presidente municipal y quien, según dicen los criminales, fue el que ordenó que se asesinara a los 43.