BM advierte que pagos de la deuda privan de dinero para atender la pobreza en Latinoamérica
Los países en desarrollo destinaron una cifra récord de casi 444.000 millones de dólares al pago de la deuda pública externa en 2022, desviando así recursos que podrían haberse utilizado para atender la pobreza y otras necesidades críticas como la salud, dijo el miércoles el Banco Mundial.
Casi un cuarto de ese monto lo pagaron los países de Latinoamérica y el Caribe, principalmente a acreedores privados que tienen bonos en su poder, de acuerdo con información del BM proporcionada a The Associated Press. Brasil, Argentina, México Colombia y Ecuador fueron los que más dinero desembolsaron.
Estos pagos suceden cuando los países tienen presupuestos apretados y representan una amenaza para las perspectivas de progreso y metas de desarrollo. Tienen lugar, asimismo, en momentos en que las tasas de interés alcanzaron su nivel más elevado de las últimas cuatro décadas y mientras los gobiernos confrontan elevados precios de energía y problemas geopolíticos que provocan desestabilización en regiones claves del mundo.
“El problema de la deuda... es un obstáculo importante”, expresó a AP Evis Rucaj, uno de los autores del Reporte sobre la Deuda Internacional que el BM difundió el miércoles. “Obstaculiza el progreso en prioridades clave de desarrollo global, desde los esfuerzos para eliminar la pobreza extrema hasta los esfuerzos para abordar el cambio climático, modernizar la infraestructura y mejorar la salud y la educación”.
En Latinoamérica la economía se ha desacelerado a niveles comparables a más de 10 años atrás y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido sobre la posibilidad de una nueva década perdida, con un crecimiento magro que podría llegar al 1,7% al fin de este año. Para 2024 las previsiones son aún menos alentadoras: un crecimiento de 1,5%.
Casi un tercio de los latinoamericanos, el 32,1%, vive en la pobreza y un 13,1% en la pobreza extrema, según CEPAL.
En su reporte el BM advirtió sobre el peligro que enfrentan los países en vías de desarrollo, especialmente los más pobres, al hacer estos pagos de los servicios de la deuda pública. Proyectó también que los costos de estos servicios seguirán aumentando entre 2023 y 2024 y podrían llegar a ser hasta un 40% más en el caso de las 24 naciones más pobres, aunque para Latinoamérica la suba prevista es del 5%.
En 2022, el año más reciente del que se tienen registros, los pagos del servicio de la deuda ascendieron un 5% con respecto a 2021 en todos los países en desarrollo. Esto incluye pagos por capital y por intereses.
En el caso de Latinoamérica, el 86% de la deuda pública externa está representada por cinco países: Brasil, que pagó poco más de 31.000 millones de dólares en 2022; Argentina, que desembolsó 26.600 millones de dólares; México, 24.700 millones; Colombia casi 9.000 millones, y Ecuador, casi 3.400 millones de dólares.
En la última década, los países de la región pasaron de pagar 70.000 millones de dólares en servicios de la deuda externa en 2012 a 110.000 millones de dólares en 2022.
En Latinoamérica, el total de la deuda pública externa creció desde 445.000 millones de dólares en 2010, a poco más de un billón de dólares en 2022.
El BM advirtió que cuando el aumento del servicio de la deuda externa es mayor que el crecimiento económico puede causar una reducción del gasto gubernamental en áreas fundamentales, incluidas las redes de seguridad social, y la inversión pública, que mejora el crecimiento.
En la última década el aumento de la deuda externa superó en 55 puntos porcentuales el crecimiento económico en Latinoamérica.
“Los niveles de la deuda sin precedentes y las altas tasas de interés han llevado a que muchos países hoy se encaminen hacia un escenario de crisis en el futuro”, aseguró Indermit Gill, economista y vicepresidente del BM. “Cada trimestre que las tasas de interés se mantienen altas, más países en desarrollo se ven afectados y se enfrentan a la difícil situación de elegir entre pagar la deuda pública o invertir en salud pública, educación e infraestructura”.