Bolivia: opositores y abogados buscan reforma de la justicia
Representantes de la Iglesia católica, abogados y voluntarios emprenden una campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referendo sobre la reforma del Poder Judicial de Bolivia
Con el respaldo de la Iglesia católica, abogados y voluntarios bolivianos emprendieron el miércoles una campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referendo sobre la reforma del Poder Judicial.
“¡Basta! Yo firmo”, se llama la campaña que busca reunir 1,5 millones de firmas. El Tribunal Supremo Electoral otorgó los libros para la recolección de las firmas que, según la ley, se realizará por 90 días.
“Es tiempo de que todos los bolivianos formen parte de esta cruzada para reformar esta justicia”, dijo Juan del Granado, abogado y exalcalde de La Paz. Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, monseñor Ricardo Centellas, explicó que desde la Iglesia católica se "está apoyando para que se pueda hacer el referéndum en Bolivia y se llegue a hacer realidad la transformación de la justicia".
El senador Luis Adolfo Flores, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó a la campaña de “cuentos” y sostuvo que en la Asamblea Legislativa se iniciará a fines de marzo la preselección de candidatos para las elecciones judiciales previstas para fin de año.
La reforma de la justicia es uno de los reclamos de la oposición y grupos civiles críticos del presidente Luis Arce que surgieron de cabildos convocados tras la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Camacho fue enviado preventivamente por cuatro meses a una cárcel el 30 de diciembre mientras se lo investiga por presunto terrorismo.
El gobernador de Santa Cruz -motor económico de Bolivia- está acusado de alentar las protestas que siguieron a las fallidas elecciones de 2019 en las que el entonces presidente Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ello desató una crisis política y social que dejó 37 muertos y obligó a Morales a renunciar y huir del país.
Posteriormente la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia en forma interina. Áñez también fue enviada a la cárcel por presunto terrorismo y posteriormente juzgada y condenada por ejercer el cargo de forma ilegal.
En paralelo, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el avance de las recomendaciones de un grupo interdisciplinario de expertos sobre la crisis de 2019. Los expertos responsabilizaron a los gobiernos de Morales y Áñez por la violencia que derivó en masacres, torturas, ejecuciones sumarias y graves violaciones de los derechos humanos.