Brasil: Arresto en caso Marielle Franco deja ver la corrupción que lo mantiene sin resolver

Dos días después del asesinato de Marielle Franco, concejal de la ciudad de Río de Janeiro, en 2018, su viuda se sentó con el jefe de la policía civil del estado, Rivaldo Barbosa, quien se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que los culpables rindieran cuentas.

De hecho, el hombre que la revista Veja alguna vez exaltó como “El Sherlock de Río” tenía exactamente la intención opuesta, según acusaciones reveladas recientemente. La Policía Federal arrestó a Barbosa el 24 de marzo —más de seis años después— por presuntamente ayudar a orquestar el asesinato de Franco y recibir dinero para obstruir la investigación que él iba a supervisar.

“Horas después del asesinato de mi esposa, estaba frente a un hombre que sabía exactamente lo que había sucedido y, más aún, que participó en ordenarlo”, dijo entre lágrimas Mônica Benício en una entrevista con TV Brasil tras su arresto.

Las revelaciones explosivas en el informe de la Policía Federal de casi 500 páginas ofrecen un vistazo sin precedentes de cómo el crimen organizado ha socavado las instituciones de Río de Janeiro y revelan el alcance de la corrupción en una ciudad donde las milicias supuestamente pagan a la policía para que mire hacia otro lado. La muerte de Franco, una estrella política en ascenso que resistió la expansión de las milicias y luchó fervorosamente por los pobres, ha resaltado las consecuencias de permitir que el crimen organizado se apodere del extenso paisaje de Río de Janeiro.

“El caso Marielle es bastante emblemático”, dijo Jacqueline Muniz, profesora de seguridad pública en la Universidad Federal Fluminense y exdirectora de la secretaría de seguridad pública de Río de Janeiro que supervisa a la policía. “En Río, gobernamos con el crimen, no contra él”.

El arresto de Barbosa se produjo solo después de que las autoridades federales comenzaron a investigar luego de que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo en 2023. La Policía Federal llegó a un acuerdo con el exoficial de policía Ronnie Lessa, quien les dijo que dos políticos que son hermanos —Chiquinho y Domingos Brazão— lo contrataron para matar a Franco y le informaron que Barbosa lo había aprobado de antemano. La policía dice que ordenaron la muerte de la concejal porque era un obstáculo para los intereses de las milicias.

Los abogados de Barbosa dijeron a The Associated Press que él niega categóricamente cualquier conducta indebida o haberse encontrado alguna vez con los políticos acusados, y dijo que las acusaciones son conjeturas basadas en las palabras de un criminal.

Tras su ascenso a jefe de policía, Barbosa pronunció un discurso desafiante ante un auditorio abarrotado, en el que exigió la “lucha contra uno de los mayores males que destruyen el Estado: ¡la corrupción!”.

Al día siguiente, Franco fue asesinada.

Los autores intelectuales anticiparon que el asesinato sería un problema pasajero: un poco de ruido que alimenta un ciclo de noticias y apenas otra muerte en una ciudad donde la muerte es algo común. Pero subestimaron cuántos residentes de Río habían puesto sus esperanzas en Franco, quien provenía de una de las comunidades de clase trabajadora conocidas como favelas. La mujer de 38 años se destacó como una de las únicas mujeres negras y bisexuales en la política, y el abrupto final de su ascenso sacudió a Brasil con protestas masivas que resonaron en todo el mundo.

Semanas más tarde, sin signos de que la indignación amainara, Lessa estaba nervioso. Se reunió con los políticos para desahogarse. Le aseguraron que a Barbosa le habían pagado para “girar el cañón en la otra dirección”.

La Policía Federal dice que Barbosa designó a un oficial para que dirigiera la división de homicidios de la capital en quien confiaba para ralentizar y obstruir la investigación, mientras que otro cómplice indujo a un testigo a dar un testimonio falso que implicaba a un sospechoso que sabían que era inocente.

Con el paso del tiempo, “¿Quién mató a Marielle?” se convirtió en el mantra de quienes clamaban por justicia.

En 2019, la Policía Federal dijo a los fiscales del estado de Río que deberían investigar a Barbosa, y compartió una grabación de celular de un miembro de la milicia que era objetivo de una de sus operaciones, informaron los medios locales en ese momento. En esa conversación, reproducida en el nuevo informe, el miliciano dijo que Barbosa había recibido 400.000 reales (78.961 dólares) para no aclarar el caso de Franco.

“Parecía de no creerse que él fuera uno de los arquitectos principales y que estuviera directamente involucrado en impedir la investigación de este asesinato extraordinariamente bien publicitado”, recordó Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, un grupo de expertos centrado en la seguridad con sede en Río. “A lo largo de la investigación, nos volvimos más escépticos, no necesariamente respecto de él, sino del nivel de compromiso de la policía civil”.

El informe policial alega que Barbosa lavó dinero de sobornos a través de empresas fachada aparentemente propiedad de su esposa, cuyas ganancias personales se dispararon el año en que él asumió el control de la división de homicidios. Los registros financieros muestran abundantes beneficios para las empresas y enormes retiros de efectivo.

Luisa Ferreira, profesora de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas, dijo que los testimonios sobre acuerdos de culpabilidad se deben tomar con reservas, pero señaló que los datos financieros corroboran el relato de Lessa.

“No necesitamos pruebas completas en este momento (para el arresto de Barbosa). Necesitamos alguna corroboración de lo dicho por el acusado que cooperó, y el informe hace eso. A partir de ahora, el estándar de la evidencia será más alto”, agregó Ferreira.

Los abogados de Barbosa, quienes también representan a su esposa, dijeron que ella niega haber participado en actividades ilícitas y que todas las dudas sobre sus ingresos se aclararán.

Los políticos arrestados supuestamente comenzaron a planear el asesinato de Franco después de que ella votara en contra de un proyecto de ley para eludir a las autoridades y otorgar títulos de propiedad sobre tierras y edificios en territorio de las milicias.

Las milicias, que se formaron a finales de la década de 1980 para detener la expansión de los narcotraficantes, se dedicaron más recientemente a ocupar tierras y al sector inmobiliario ­­_y controlan más de la mitad del territorio en la región metropolitana de Río_, según un estudio de 2022 de la Universidad Federal Fluminense y el Instituto Fogo Cruzado, que monitorea tiroteos y sus impactos en las ciudades de Río y Recife.

“Esto sucede debido a las decisiones en materia de seguridad pública que Río ha tomado durante los últimos 30 o 40 años”, dijo Rafael Soares, autor de “Milicianos”, un libro sobre las milicias de Río de Janeiro. Ninguna administración de Río ha abordado la corrupción, sino que ha apaciguado a la opinión pública mediante confrontaciones sangrientas, particularmente en vecindarios pobres, que infamemente producen daños colaterales, agregó.

Robson Rodrigues, quien alguna vez dirigió la policía militar de Río en la favela Mare donde Marielle creció, dijo que la reforma policial debe mirar más allá de los oficiales a nivel de calle y abarcar a toda la jerarquía del cuerpo. Señaló que algunos políticos temen a la policía civil, de la que se rumora que guarda expedientes de chantaje para desalentar la promoción de reformas profundas.

“Todos tienen miedo. Hay reticencias por el poder que tiene la policía, especialmente la policía civil. No se trata sólo de voluntad política; se trata de tener el valor de hacerlo”, dijo Rodrigues, quien ahora investiga la seguridad pública en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

El informe policial que condujo a los arrestos proporcionó relatos detallados de la corrupción. Un miembro de la milicia testificó en una investigación separada que los grupos pagan una asignación mensual a la división de homicidios de unos 70.000 reales (14.000 dólares). Los encubrimientos específicos requieren más; en un caso, la unidad recibió 300.000 reales (59.220 dólares), dijo, y afirmó que Barbosa estaba entre quienes se beneficiaron.

El detective de homicidios Brenno Carnevale testificó en un caso de 2019 que el material incautado desapareció y que los investigadores principales eran intercambiados de repente, en especial en casos relacionados con las milicias. La hija de una víctima testificó que Carnevale no pudo ocultar su exasperación cuando fue en busca de información: todos los registros habían desaparecido.

Estas maquinaciones son “la razón por la cual los homicidios relevantes nunca fueron resueltos”, dice el informe de la Policía Federal. “Toda esta dinámica no sería posible si el principal organismo responsable de reprimir las acciones de estos grupos no fuera cómplice de la maquinación”.

Las autoridades de Río resolvieron el 23% de los homicidios en 2021, la mitad de la tasa del vecino estado de Sao Paulo y una de las más bajas del país, según un informe de 2023 de la organización sin fines de lucro Instituto Sou da Paz.

El hermano del mentor político de Franco fue asesinado en 2006, y transcurrieron 14 años antes de que la policía carioca acusara a tres exoficiales asociados con las milicias. Los fiscales no presentaron cargos. En noviembre, una oficial condecorada que investigaba la corrupción dentro de sus filas fue asesinada a tiros por hombres camuflados cuando salía de su casa. Un oficial que anteriormente trabajó con ella en la división de asuntos internos fue arrestado. Los medios locales reportaron que él estaba en la nómina de la milicia más grande de Río de Janeiro.

Y el periódico O Globo informó que los abogados ya presionan para reabrir al menos seis casos de cuando Barbosa era detective de homicidios, jefe de la unidad o jefe de la policía.

El caso de Franco ha revelado cómo, por el momento, sólo la indignación social y la participación federal producen avances, dijeron expertos en seguridad a la AP. Los presuntos autores intelectuales del asesinato de Franco han sido arrestados, pero eso no significa que se hará justicia. Por ahora, todavía es un asesinato más en una ciudad donde la vida es barata y reina la impunidad.

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Sá Pessoa informó desde Sao Paulo.