CIDH reporta injerencias en proceso electoral y ejercicio abusivo del poder de fiscalía en Guatemala
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, por tercer año, incluyó a Guatemala en su informe anual 2023 sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio y resaltó una intensificación de la persecución judicial y la criminalización de personas en el ámbito judicial en el país.
La CIDH documentó que la situación en Guatemala se viene agravando desde 2021 y que, para 2023, año de elecciones, el deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho se agudizó. Recordó que la fiscalía intervino en el proceso electoral de Guatemala en el 2023, en el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia, a pesar de que las leyes y la constitución facultaban solo al Tribunal Supremo Electoral para tales acciones.
“El ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales quedó de manifiesto durante las elecciones generales de 2023, por una serie de injerencias del Ministerio Público seriamente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional, que pusieron en entredicho los resultados del proceso, socavando y contrariando el Estado de Derecho colocando en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”, dice el informe.
La CIDH habla en su reporte de la situación de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua e incluye a Guatemala ante los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, debido a los ataques e injerencias contra la independencia de aquellos órganos que destacaron por su trabajo independiente e imparcial, como cortes, fiscalías y jueces independientes.
La fiscalía rechazó los señalamientos y dijo en su cuenta oficial de “X” que “sus pronunciamientos no solo evidencian desconocimiento y sesgo, ya que el Ministerio Público está obligado a investigar todas las denuncias, por lo que no hacerlo o sugerir que no se haga, representa impunidad y vulnera gravemente los derechos de las víctimas que presentan denuncias”.
La fiscalía, al mando de la fiscal general Consuelo Porras —sancionada internacionalmente por 42 estados que le han prohibido ingresar a sus territorios por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción— inició investigaciones en 2023 contra el partido del presidente Arévalo. También allanó y secuestró documentos electorales, incluidas boletas de votaciones, e inició procesos contra trabajadores y autoridades electorales buscando anular las elecciones.
El deterioro de la situación agudizó, indicó la CIDH, con el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años investigó cuerpos de seguridad paralelos dentro del Estado, dice el informe. Y sostuvo que la criminalización y hostigamiento a operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas se debió a la falta de independencia del Ministerio Público.
Tanto Arévalo, como su vicepresidenta Karin Herrera, fueron beneficiados con medidas cautelares por parte de CIDH para resguardarles por temor a su vida e integridad por las constantes acciones de la fiscalía.
Aún en octubre de 2024, faltan por resolverse varias solicitudes de retirada de inmunidad solicitadas por la fiscalía contra el presidente guatemalteco.
Entre las conclusiones del informe, consta además que se debilita el principio de separación de poderes cuando no hay control judicial frente a la injerencias del Ministerio Público en el proceso electoral, así como la pérdida de pesos y contrapesos profundiza la inestabilidad política, social y democrática del país.
La CIDH también constató un notable deterioro en las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país, debido a violencia e instrumentalización de mecanismo penales usados para intimidar y silenciar voces críticas.