CorteIDH ordena al Estado argentino determinar a los culpables de atentado de 1994 que sigue impune
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al Estado argentino responsable de no haber investigado “con diligencia” el atentado de 1994 contra un centro judío en Buenos Aires y ordenó que remueva los obstáculos que mantienen el caso impune para juzgar a los responsables “en un plazo razonable”.
En un fallo unánime difundido el viernes, los jueces de la CorteIDH conminaron a Argentina a “iniciar, continuar, impulsar y o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables" del ataque que hizo volar la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causando 85 muertos.
La sentencia de la CorteIDH —uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos— fue recibida con beneplácito por los familiares de las víctimas del ataque.
“El fallo demuestra que teníamos razón; muchas veces dijeron que estábamos locos, que no teníamos razón en nuestros reclamos, que el Estado argentino estaba haciendo todo. La verdad es que nunca hizo todo y estábamos desamparados”, dijo a The Associated Press Diana Wassner, esposa de Andrés Malamud, una de las víctimas.
Wassner, miembro del grupo Memoria Activa —integrado por familiares de las víctimas que siguen reclamando justicia— dijo que el fallo es “un abrazo al alma” y “saber que no estamos solos”.
La justicia argentina sospecha que el gobierno de Irán fue el ideólogo del ataque y el grupo islamista Hezbolá su brazo ejecutor. Ese país niega cualquier responsabilidad y no ha entregado a los ciudadanos acusados por jueces del país sudamericano, entre ellos altos funcionarios iraníes. Casi 30 años después, no hay detenidos ni condenados por el hecho.
La CorteIDH dijo que el Estado argentino es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, al acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al acceso a la información, consagrados en la Convención Americana, el pacto de derechos y libertades que deben ser respetados por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las decisiones de ese tribunal son vinculantes.
“La sentencia es la culminación de un proceso de 25 años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo a AP Margarita Trovato, abogada del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según explicó, ese proceso incluyó “primero a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), que es un órgano más político y donde hubo un intento de solución amistosa con el Estado argentino que había reconocido su responsabilidad; resultó bastante infructuoso, no implementó ninguna de las medidas que la Comisión había recomendado y llegamos a una instancia más contenciosa, que es la Corte, cuyas decisiones son obligatorias” para Argentina.
Ese tribunal también conminó al país a desclasificar información sobre el caso y hacer un archivo público donde se destaque la búsqueda de la verdad por parte de familiares de las víctimas.