Diputados tratan reformas de Milei, que hizo concesiones para conseguir su primera ley
La Cámara de Diputados argentina comenzó a debatir el lunes el nuevo proyecto del presidente Javier Milei de reformas económicas y del Estado en el que hizo concesiones a sectores aliados para evitar el tropiezo que sufrió una ambiciosa iniciativa anterior.
La cámara baja tratará la llamada Ley de Bases y un paquete de reformas fiscales también impulsado por el gobierno en medio de protestas de organizaciones sociales y partidos de izquierda, que consideran que ambas iniciativas perjudican a los trabajadores y benefician a las empresas y a particulares de altos ingresos.
El gobierno cree que avanzará en la aprobación de la que sería la primera ley del mandato de Milei —un ultraliberal que asumió en diciembre— al contar con entre 135 y 140 votos de un total de 257 diputados. El oficialismo, en clara desventaja numérica, contaría con el apoyo de aliados circunstanciales.
“Para Milei es muy importante sacar la ley porque necesita demostrar que puede gobernar... necesita grabar en leyes sus pretensiones de cambio. Esto se lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, auditor de Argentina”, dijo a The Associated Press Lucas Romero, de Synopsis Consultores.
El analista acotó que el líder de La Libertad Avanza “tiene esta rareza de ser un presidente que después de asumir todavía no ha podido sancionar una ley en el Congreso”, mientras que "todos los presidentes peronistas desde 2000 hasta acá sacaron sus primeras leyes en menos de 10 días y Mauricio Macri (2015-2019), que gobernó en minoría, demoró 28 días en obtener una para renegociar deuda”.
Milei pretende asegurarse que la norma sea parcialmente aprobada —para pasar luego al Senado— en unas 48 horas. Sería su revancha política a pocos días de que, en una masiva protesta, los argentinos le expresaron su disconformidad por el recorte presupuestario que sufren las universidades públicas.
A pedido de la oposición dialoguista, el gobierno accedió a sumar al proyecto aspectos de una reforma laboral que estaba incluida en un decreto presidencial y fue suspendida por la justicia, pero de forma mucho más acotada. Así, de los 60 artículos originales quedaron 17.
El oficialismo dio marcha atrás con medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos y podían abrir un frente de conflicto, entre ellas la que limitaba el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y la que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios.
Las modificaciones que lograron consenso fueron el establecimiento de un periodo de prueba para los trabajadores de seis meses —con posibilidades de ampliarlo a ocho y meses y un año— y la eliminación de las multas a empresarios por el trabajo no registrado.
En el capítulo sobre las privatizaciones, el gobierno excluyó al Banco Nación de una lista de empresas plausibles de ser privatizadas, como el es caso de Aerolíneas Argentinas.
El proyecto incluye además una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución por parte del poder Ejecutivo, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Ente Nacional de Comunicaciones.
Por otro lado, prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir las universidades nacionales y los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo y el Ministerio Público.
En tanto, el paquete de reformas fiscales contempla la reversión del impuesto a los salarios para un sector de los empleados, un amplio blanqueo de capitales no regularizados y la reducción del impuesto a los bienes personales.
Según Romero, el gobierno impulsó el tratamiento de la reforma impositiva y del proyecto de Ley de Bases como un anzuelo para atraer el apoyo de los gobernadores que, al igual que el Estado nacional, necesitan una mayor recaudación de tributos.
“Esa es la razón por la que saldrían las dos iniciativas; los gobernadores quieren el paquete fiscal y estarían más predispuestos a acompañar al gobierno con la Ley Bases”, señaló el analista.
Entre los que se oponen está el peronista Unión por la Patria, que consideró que los derechos de los trabajadores fueron “entregados” a cambio de votos, y el Frente de Izquierda que considera que ambos proyectos “son un festival” para los empresarios.