EEUU pide más patrocinadores para programa humanitario

Los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen han encontrado que cada vez más las protecciones en Estados Unidos están disponibles para quienes tienen dinero o pueden encontrar a alguien que les ofrezca aval financiero.

El presidente Joe Biden anunció el jueves una importante expansión de un programa de libertad condicional humanitaria para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que está reservada para aquellos que requieran sus beneficios a través de internet, paguen sus pasajes aéreos y consigan un patrocinador financiero por dos años.

Está sustentada en una medida vigente desde octubre que permite el ingreso legal de 24.000 venezolanos durante dos años siempre que cuenten con un patrocinador, pero al mismo tiempo expulsa y manda rápidamente de regreso a México a cualquier persona que cruce la frontera de manera ilegal, negándole la posibilidad de solicitar asilo.

Maria Antonieta Díaz, una contadora y empresaria nacida en Venezuela que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, envío un mensaje de WhatsApp a sus excompañeros de escuela que viven en su país apenas el gobierno de Biden anunció el programa conocido como “parole” el 12 de octubre, ofreciéndose como patrocinadora. Compartió también la información del programa en sus redes sociales y en una página web y circuló un documento para que los interesados en tener un sponsor se inscribieran. Unas 40.000 personas le respondieron que querían conectarse con alguien que les ofreciera aval financiero, algunas de ellas en nombre de toda su familia.

Díaz patrocinó a 11 venezolanos, entre ellos un hombre que llegó con dos hijos adultos pero dejó en Venezuela a su esposa, una hija y su marido y a la nieta de seis meses porque no podían pagar el equivalente a unos 200 dólares necesarios para renovar sus pasaportes.

Muchas personas que viven en Estados Unidos tienen dudas o son reacias a ofrecerse como patrocinadores de extraños por temor a quedar atrapados en problemas o en deudas, dijo Díaz.

“No es fácil, no es un programa perfecto, no todos podrán beneficiarse", expresó en una entrevista telefónica desde su oficina en Miramar, un suburbio al noroeste de Miami. “Es cuesta arriba, pero por lo menos es organizado”, dijo.

Biden anunció el jueves que hasta unos 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos podrían ser elegibles para el “parole” cada mes, allanándoles el camino para obtener un permiso de trabajo por dos años. Al mismo tiempo México aceptó recibir la misma cantidad de personas de esos cuatro países que ingresen ilegalmente a Estados Unidos, incluso a aquellos que buscan asilo.

Funcionarios de Estados Unidos destacaron que las llegadas de venezolanos disminuyeron un 90% desde que entró en vigencia la nueva política en octubre. Hasta entonces se ubicaban segundos entre los migrantes que más arribaban a la frontera, después de los mexicanos. Tras la invasión rusa, el gobierno de Biden concedió una medida similar de libertad humanitaria a unos 100.000 ucranianos.

Cuando le preguntaron sobre las limitaciones del programa a sólo aquellos que consiguen patrocinadores, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no respondió de manera directa y sólo dijo que las políticas para los venezolanos y los ucranianos fueron exitosas.

“Lo que hemos visto es una sed tremenda por estos programas legales”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa. “Consideramos que esta es una forma humana, legal y ordenada”.

Mayorkas indicó que la política se extenderá mientras sea necesario, posiblemente incluso más tiempo que la normativa de la era de la pandemia conocida como Título 42, que ha negado 2,5 millones de veces a los inmigrantes la oportunidad de buscar asilo bajo las leyes estadounidenses e internacionales alegando la prevención de la propagación del COVID-19. Está previsto que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos sobre el Título 42 en febrero.

Dijo que los funcionarios estadounidenses también están trabajando en un plan por el que los migrantes podrán solicitar asilo en puntos de entrada fronterizos luego de haber programado citas con antelación.

El senador del oficialismo demócrata Robert Menéndez dijo que el programa de libertad condicional humanitaria “excluirá a miles de migrantes vulnerables que huyen de la violencia y la persecución y que no tienen los medios económicos para calificar para el nuevo proceso”.

“En última instancia, este uso de la autoridad del ‘parole’ es simplemente un intento de reemplazar nuestras leyes de asilo”, indicó.

Según las leyes que surgieron de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, los solicitantes de asilo deben demostrar que enfrentan persecución en sus países de origen bajo determinados criterios que incluyen la raza, opinión política o creencia religiosa, sin importar la condición económica. Algunos de los migrantes que lleguen a la frontera luego podrán obtener asilo a través de un proceso en las cortes de inmigración estadounidenses, pero no todos calificarán.

Bajo la política del ‘parole’ Estados Unidos puede admitir a cualquier persona teniendo en cuenta un criterio de “caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.

Algunos conservadores que critican las políticas de Biden, entre ellos Stephen Miller -un exasesor de Donald Trump-, calificaron la expansión del programa de libertad condicional humanitaria como una “amnistía masiva”.

En octubre, Kyle Varner se vio abrumado con cientos de respuestas después de que publicó en su cuenta de Facebook que estaba dispuesto a ofrecerse como patrocinador de venezolanos. El médico destinó una casa de cuatro cuartos que compró como inversión inmobiliaria para recibirlos en Spokane, una pequeña población del estado de Washington, en el noroeste del país.

Varner ha patrocinado a unos 49 venezolanos a quienes, en su gran mayoría, no conoce. Sólo ocho han sido aprobados hasta ahora y ya están viviendo con él en su casa de Spokane.

El médico, de 38 años, tiene afinidad con los venezolanos desde que se mudó a Miami en 2021 para realizar parte de sus estudios y vivió rodeado de vecinos que habían salido del país sudamericano en busca de una vida mejor.

Varner explicó que como patrocinador puede ofrecerles asistencia médica si es necesario, contactos empresariales para encontrar un trabajo y ayuda para que perfeccionen el inglés.

“Mi idea es que soy una plataforma de lanzamiento para que la gente tenga una nueva vida”, dijo. “Tengo la intención de hacer todo lo posible para abogar por la expansión de este programa y ​​también quiero ayudar a los estadounidenses que quieran ser patrocinadores”.

Pocos venezolanos han tenido la suerte de encontrar a alguien como Varner, que ha viajado cuatro veces a Cúcuta, una ciudad colombiana en la frontera con Venezuela, para ofrecer asistencia médica gratuita a los migrantes.

Las personas que podrían ser sponsors tal vez dudan en proporcionar declaraciones de impuestos u otros documentos requeridos, manifestó Parker Newburn, coordinador del programa Home for Refugees, un grupo de ayuda. Muchos venezolanos tienen familiares en Estados Unidos pero no todos están en condiciones de patrocinarlos, explicó.

Jenderson Rondón, un activista opositor del gobierno de Venezuela que conoció a Varner en la frontera con Colombia en 2019, llegó a Spokane en noviembre. No podía pagarse el pasaje de avión, pero el médico lo ayudó. Ya recibió su permiso de trabajo y ha solicitado empleo en restaurantes y hospitales con la esperanza de poder ahorrar y patrocinar a su madre y una hermana que quedaron en Colombia y tienen sus pasaportes vencidos.

“Hay muchísima gente que no puede encontrar un patrocinador”, manifestó Rondón, que no para de recibir mensajes en su cuenta de Instagram de personas interesadas en oportunidades en Estados Unidos.

El abogado venezolano Henry Nodales no conocía personalmente al doctor Varner, pero tenían amigos en común. Como no disponía de dinero, le pidió prestado a un amigo para pagar el pasaje con la esperanza de poder trabajar y ayudar económicamente a sus padres y hermana que aún viven en Venezuela.

“Tengo la oportunidad milagrosa de estar con estatus legal, un beneficio que muchísimos no tienen”, dijo Nodales, de 22 años.

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Taxin reportó desde Orange County, California, y Spagat desde San Diego.