EEUU: un nuevo programa de inmigración allana el camino a la ciudadanía de unos; deja afuera a otros

Cuando el lunes abrió el registro para que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtengan un estatus legal sin tener que salir de Estados Unidos, Karen y Xavier Chavarría se sentían decepcionados. No tenían nada que celebrar.

Como muchos otros cónyuges de ciudadanos estadounidenses, Karen salió del país y se fue a su natal Nicaragua voluntariamente, siguiendo los pasos del proceso legal que había iniciado para poder convertirse en una residente permanente. Sin embargo al llegar a Managua se sorprendió con la noticia de que por haber vivido ilegalmente en Estados Unidos tenía prohibido volver y debía pasar algunos años en Nicaragua antes de regresar a su casa en Nueva Jersey y reunirse allí con su esposo Xavier y sus dos hijos.

El nuevo programa, conocido como “parole in place”, ofrece un camino para obtener la ciudadanía a los cónyuges de estadounidenses sin la necesidad de que, como lo hizo Karen, tengan que salir Estados Unidos y permanecer afuera hasta unos 10 años.

Se trata de una de la decisión presidencial que más inmigrantes podría beneficiar desde 2012, cuando otro programa conocido como DACA permitió estancias temporales pero renovables para cientos de miles de niños y jóvenes que habían migrado a Estados Unidos de forma irregular con sus padres.

Para ser elegibles, los cónyuges tienen que haber vivido ininterrumpidamente en Estados Unidos por 10 años antes del 17 de junio de 2024, y haber estado casados legalmente para esa fecha. El gobierno estima que unos 500.000 cónyuges y unos 50.000 niños podrían beneficiarse.

“Sin este proceso, es probable que cientos de miles de no ciudadanos que son cónyuges de estadounidenses permanezcan en Estados Unidos sin estatus legal, haciendo que estas familias vivan con miedo e incertidumbre sobre su futuro”, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su nombre en inglés) en un documento que ofrece detalles sobre el programa. Obligar a los cónyuges a abandonar el país “perjudica el bienestar económico y emocional de la familia”.

Los cónyuges que no cumplen con las fechas establecidas y otros criterios de elegibilidad enfrentan una elección angustiosa: abandonar Estados Unidos voluntariamente con la posibilidad de quedarse afuera durante años antes de tener derecho a volver a ingresar; o permanecer en el país sin un estatus legal.

Karen Chavarría volvió a Nicaragua en 2017 y se presentó en el consulado de Estados Unidos en Managua para una entrevista que tenía pautada como parte de su proceso legal para obtener una residencia permanente y reunirse con su familia en Estados Unidos. Ella había llegado a Estados Unidos en 2002 después de cruzar la frontera, y solicitó un estatus legal después de casarse con Xavier, quien a sus 57 años trabaja en mantenimiento de edificios en Nueva York y vive en Garfield, Nueva Jersey. Juntos tienen dos hijos nacidos en Estados Unidos.

Desde que la familia está dividida, hace siete años, Xavier viaja al menos dos veces al año para ver a Karen, de 41 años, y a su hijo de 12 años, que vive con ella en Jinotega, al norte de Managua. Xavier dijo que no puede vivir en Nicaragua porque no puede conseguir trabajo allí, ni hay tratamientos para su diabetes. Además, indicó, teme por su seguridad porque su familia pertenece desde hace años a la oposición política. Su hija de 20 años vive con él, en Nueva Jersey.

Karen se ha perdido momentos importantes de la vida de su hija, como su graduación del colegio secundario y sus cumpleaños. El programa de la administración Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses le ha decepcionado.

“Es algo que veníamos luchando y después de tanta lucha, llegar acá sin darnos ninguna esperanza”, dijo con su voz entrecortada por el llanto en una entrevista por video desde Nicaragua.

No está claro cuántos cónyuges han salido voluntariamente de Estados Unidos, pero el abogado de inmigración Eric Lee dijo que es una cantidad “muy importante”.

Inmigrantes y grupos defensores de inmigrantes han instado a la Casa Blanca a que los incluyan en la nueva política.

“La única razón por la que tantos están siendo castigados es porque intentaron salir de la sombra, trataron de seguir la ley”, dijo Lee, cuyas oficinas están en los estados de Michigan y California.

DHS no respondió a las preguntas sobre si las personas que abandonaron el país voluntariamente calificarían. Solo dijo que “podrían ser elegibles para continuar con el proceso el extranjero”.

Los grupos que favorecen más restricciones a la inmigración consideran que la nueva política es demasiado generosa. La Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, conocida como FAIR por su nombre en inglés, dijo el lunes que el programa que Biden tiene “claramente prisa” por inscribir a las personas antes de dejar el cargo, lo que dificulta que un tribunal anule sus beneficios una vez que hayan terminado con el trámite.

DHS dijo el lunes que el 64% de los potenciales beneficiarios es de México y el 20% de Guatemala, Honduras y El Salvador. Quienes cumplan con los requisitos, podrán permanecer en Estados Unidos durante tres años, amparados en la autoridad del proceso conocido como parole. El trámitemsal se inicia con el pago de 580 dólares e incluye la posibilidad de solicitar permiso de trabajo, una residencia legal, y eventualmente la ciudadanía estadounidense.

Las personas consideradas amenazas a la seguridad nacional o pública y aquellos condenados por lo que se consideran delitos graves, incluidos delitos graves por conducir bajo los efectos del alcohol, están descalificados, al igual que aquellos que pertenezcan a una pandilla.

Juan Enrique Sauceda de 47 años, está esperando desde México que el gobierno le permita volver a Estados Unidos a reunirse con su mujer y sus dos hijos después de haber sido deportado en 2019. Al igual que Karen, acudió a una cita consular por el trámite de reunificación familiar que había iniciado y le dijeron que no podía regresar a Estados Unidos.

Sauceda, que llegó a Estados Unidos a los 15 años cruzando la frontera y ahora vive atemorizado por la inseguridad en la ciudad mexicana fronteriza de Piedras Negras, es el único de los cuatro que no tiene ciudadanía estadounidense. Su mujer, con quien se casó en 2008, y sus dos hijos viven en Houston.

“Quiero regresar a Estados Unidos porque crecí allí, tengo mi esposa, mis hijos, todo", dijo Sauceda. “No me adapto aquí”.

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Spagat reportó desde San Diego. La periodista de AP Rebecca Santana contribuyó desde Rocklin, California.