Escándalo Uruguay: de pasaportes rusos a espiar opositores

A dos meses de abierta una investigación por falsificación de pasaportes contra el ex jefe de seguridad del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, nuevos elementos filtrados en la prensa revelaron un entramado de espionaje y chantaje a políticos de la oposición.

El martes declararon como testigos el secretario de Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, en una causa por falsificación de pasaportes en la que el principal imputado es Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou.

En paralelo, salieron a la luz otros de sus negocios ilícitos que escalan hasta autoridades policiales, en un caso de espionaje tanto empresarial como político que involucra además a ex militares uruguayos.

La información sobre el entramado de espionaje está contenida entre los 51 GB del teléfono del guardaespaldas de Lacalle, entre otros dispositivos que analiza la fiscal Gabriela Fossati para el caso de los pasaportes. Pero la Fiscalía no ha abierto investigación en carpeta separada para ese tema.

Más de 1.300 mensajes de Whatsapp, a los que accedió hace 10 días el periódico local La Diaria, han perfilado un escándalo que salpica a funcionarios del gobierno de Uruguay y pone en entredicho la figura del presidente Lacalle.

La trama revelada incluye presuntas interceptaciones de teléfonos a particulares con el software espía del ministerio del Interior y tráfico de información desde altos cargos de esa cartera al ahora imputado, quien luego la comercializaba irregularmente. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo negó en la Comisión de Seguridad del Senado.

Astesiano vendió de servicios propios de la Inteligencia estatal a un empresario argentino sojero, que accedió a datos de coordenadas georeferenciadas, de matrículas de camiones y de números telefónicos sobre un cargamento de trigo y maíz.

Aunque las autoridades lo han desestimado, Astesiano ofrecía a ese empresario los servicios de El Guardián, un software espía que usa la policía, técnicamente con autorización de la Justicia. Cobraba por ello.

Tanto Astesiano como la empresa que fabricó el software negaron que el ex jefe de seguridad presidencial haya tenido acceso al programa informático. El exguardaespaldas presidencial admitió incluso que “mentía” a sus clientes sobre el uso del software “espía”. La fiscal del caso llegó a mencionar que podría ser “un alarde” de Astesiano.

La empresa Vertical Skies, consultora en seguridad dirigida por varios ex militares uruguayos con sede en Miami, Buenos Aires y Montevideo, accedió a esos servicios, publicó el martes el diario que accedió al contenido sujeto a investigación fiscal. La compañía solicitó a Astesiano información personal de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, ambos opositores, del Frente Amplio.

El objetivo era amenazarlos, según se desprende de los mensajes que integran el expediente fiscal, hasta que retiraran una denuncia penal que los senadores presentaron por la entrega monopólica, a través de decreto, del puerto de Montevideo al operador Katoen Natie hasta el año 2081.

“La info (sic) que necesito es todo lo personal. Los quieren atar para que retiren la denuncia”, escribió Marcelo Acuña, gerente de la compañía y ex militar al chat de Astesiano. “Necesito todos los datos personales y vinculaciones”, le pidió en marzo.

A principios de agosto, Astesiano recibió un giro de dinero -cuya cantidad no ha salido a la luz pública en los mensajes- de Western Union desde Boca Ratón, Florida, donde la compañía tiene su sede principal. Los empresarios pidieron también que gestionara una reunión con Lacalle, así como información sobre la licitación en la compra de patrulleros oceánicos para la Armada uruguaya. Le consultaron sobre el interés de la Fuerza Aérea en la compra de aeronaves.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, compareció el martes ante la prensa con los dos senadores espiados para pedir responsabilidades al ministerio del Interior. El senador Charles Carrera calificó de “carácter mafioso” a la operación. “Si fuimos sometidos nosotros que tenemos un estatus especial, vaya si tenemos que preocuparnos todos los uruguayos”, alertó.

Tras una audiencia con la fiscal Fossatti, Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, se negó a responder a las preguntas de la prensa. Pero dijo que sería “gravísimo” si la investigación fiscal confirma lo publicado.

Astesiano está en prisión mientras se sustancia su juicio por presuntamente integrar una asociación para delinquir que gestionaba partidas de nacimiento apócrifas a ciudadanos rusos para que pudieran acceder a pasaportes uruguayos.

Antes de ser nombrado por Lacalle Pou, Astesiano ya tenía más de una veintena de anotaciones policiales y un antecedente penal por estafa. Fue detenido en la residencia presidencial, donde tenía oficina, luego de volver de viaje a Costa Rica con el presidente y su familia el 26 de septiembre.

Por la causa de los pasaportes están imputados, además de Astesiano, un ciudadano ruso que desde Facebook tramitaba esas falsificaciones, pero también estadías de lujo y traslados del aeropuerto para los que, como consta en los chats filtrados, el ex guardaespaldas de Lacalle llegó a sugerir que se usaran carros oficiales de Presidencia.

También están presos un escribano uruguayo, su esposa y el ex cónsul uruguayo en Moscú Stéfano di Conza. Además, el director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, fue apartado de su cargo. Otros 10 custodios de la seguridad presidencial fueron relocalizados en otras dependencias públicas desde la captura de Astesiano.

Varios mandos policiales son así mismo indagados por la fiscal por el caso de los pasaportes. Entre ellos, el subdirector de la policía nacional, Héctor Ferreira, y el director de fiscalización de empresas de seguridad, Henry de León.