Evo Morales denuncia ser víctima de lawfare, un día después de orden de detención por presunto abuso
El expresidente boliviano Evo Morales denunció el martes ser “víctima” de una guerra jurídica por parte de su antiguo aliado y sucesor, el presidente Luis Arce, un día después de que la fiscalía pidiera su detención y formalizara su imputación por el presunto abuso sexual a una menor cuando fue mandatario en 2016.
Morales es investigado desde septiembre por el delito de trata agravada de personas en relación al presunto abuso a una menor de 15 años que resultó embarazada. La fiscalía, que emitió una primera orden de detención en octubre y que el expresidente eludió con recursos judiciales, volvió a requerir su detención el lunes.
El político de 65 años se atrincheró en su feudo del Chapare, en el centro de Bolivia, y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido hasta por tres cordones de seguridad para evitar su detención. Morales se ha negado a comparecer ante la fiscalía para declarar.
Ante la decisión de la fiscal que lleva la causa de reactivar la orden de detención en su contra e imputarle formalmente, Morales reaccionó el martes acusando al presidente Arce de iniciar una guerra jurídica o lawfare contra él y de querer entregarlo como “trofeo de guerra” a Estados Unidos.
No obstante, no es conocido que tenga ningún proceso penal en su contra en ese país.
"El gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente”, dijo Morales en cuenta de X, antes Twitter.
Hace unos días el gobierno boliviano extraditó a Estados Unidos al coronel Maximiliano Dávila, exjefe de la lucha antidroga durante el gobierno de Morales (2006-2019) acusado de protección a mafias que trafican cocaina a Estados Unidos.
Morales cuestionó la decisión y dijo que “Bolivia vuelve a ser una colonia" de Washington, mientras sus partidarios han sugerido que la intención detrás de esa decisión podría ser incriminarlo.
Con respecto al caso por presunto abuso sexual a una menor, el fiscal general Roger Mariana dijo que pedirá la detención de Morales por seis meses mientras es investigado. El pedido pasará a un juez de medidas cautelares, que podría ordenar la detención preventiva de quien fue primer presidente indígena de Bolivia.
Según Morales no se están “respetando los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”. Y añadió: “Me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, señaló.
Morales y Arce libran una feroz batalla que llevó a la fractura el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que gobierna Bolivia por 18 años y ambos líderes buscan el control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
El exmandatario está inhabilitado para postular a la presidencia tras un fallo del Tribunal Constitucional que también lo desconoció como líder del MAS. Morales anunció que nada detendrá su derecho a ser candidato.
Tras el anunció de la fiscal, dirigentes cocaleros anunciaron que se han declarado en emergencia en defensa de su líder.