Jueza impide a San Francisco desalojar campamento

Una jueza federal impidió temporalmente a las autoridades de San Francisco desalojar campamentos de desamparados, afirmando que la ciudad violó su propia normativa al no encontrar albergues alternos para los afectados.

La jueza federal Donna M. Ryu del distrito de Oakland accedió a un pedido de emergencia presentado el viernes en la noche que impide a las autoridades municipales desmantelar las carpas y confiscar pertenencias de los desamparados, reportó el San Francisco Chronicle.

La decisión viene en respuesta a una demanda presentada por los desamparados, que busca impedirle a la municipalidad desmantelar los campamentos hasta que consiga miles de camas en albergues alternos.

Ryu citó evidencias presentadas por los demandantes, de que la municipalidad, regular e ilegalmente, no ofreció albergue alterno a los habitantes de los campamentos antes de desalojarlos y quitarles sus propiedades, incluyendo teléfonos celulares, medicinas, documentos de identidad y hasta prótesis.

Los argumentos de la ciudad “son totalmente inconvincentes”, declaró la jueza.

En un comunicado, la alcaldesa London Breed condenó la decisión.

“Los alcaldes no pueden administrar sus ciudades de esta manera”, dijo la alcaldesa. “Ya tenemos demasiadas pocas herramientas para lidiar con los casos de enfermedad mental que vemos en nuestras calles. Ahora se nos dice que no podemos usar otra herramienta que ayuda a llevar a la gente a interiores y que mantiene a nuestros vecindarios seguros y limpios para nuestros habitantes”.

Breed añadió que muchas de las personas “se están negando a recibir asistencia o ya tienen albergue” y que usan los campamentos sólo para “vender drogas, para tráfico humano y otras actividades ilegales”.

Los abogados de la municipalidad insisten en que las políticas actuales balancean los derechos de las personas sin techo con la necesidad de la comunidad de tener espacios públicos limpios y accesibles. En documentos judiciales, dijeron que los desamparados reciben amplio aviso sobre operativos de desalojo, reciben ofertas de ayuda y alojamiento y se les pide abandonar el campamento sólo después de que rechazan ofertas de quedarse en otro lugar.

Pero la jueza mostró evidencias entregadas por la Coalición de los Desamparados y siete demandantes, con análisis académicos y declaraciones detalladas de testigos de numerosos desalojos en los últimos tres años, de que a los desamparados se le privó de artículos personales y se les expulsó sin tener otro lugar a dónde ir.

“La política no es el problema”, sostuvo Ryu en una audiencia virtual el jueves. “La pregunta es cómo se está ejecutando esa política”.

Se estima que hay 7.800 personas sin hogar en San Francisco y la ciudad ha reconocido que le faltan miles de camas temporales o permanentes disponibles.

Había 34 camas disponibles hasta el viernes, de acuerdo con Zal K. Shroff, principal abogado del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, una de varias organizaciones legales que representan a la coalición.

La demanda se encuentra entre varias querellas pendientes en los estados del oeste donde la visible falta de vivienda ha aumentado en medio de la escasez de camas en refugios y viviendas asequibles.

La semana pasada, un juez federal emitió una orden judicial de emergencia para evitar que la ciudad de Phoenix realizara redadas en un campamento de personas sin hogar en el centro, en respuesta a una demanda presentada por la ACLU de Arizona. Las autoridades no pueden hacer cumplir las prohibiciones de acampar a nadie que no pueda obtener una cama en un refugio y sólo pueden incautar propiedades que sean ilegales o representen una amenaza.

La ACLU de Nuevo México y otros organizaciones demandaron a la ciudad de Albuquerque esta semana, alegando que las autoridades están destruyendo campamentos y criminalizando a las personas por no tener hogar.