Justicia argentina cita a declarar a dirigentes sociales por supuestas maniobras irregulares
Un juez argentino citó el lunes a declarar a una veintena de miembros de organizaciones sociales sospechados de haber malversado fondos estatales destinados a programas de trabajo para desempleados y haber coaccionado a sus beneficiarios para participar en protestas callejeras a cambio de esas ayudas.
En otra causa también relacionada con distintas políticas sociales, el magistrado urgió al gobierno del presidente Javier Milei —-un ultraliberal que asumió en diciembre— a que reparta cuanto antes los cinco millones de kilos de alimentos que tiene acopiados en galpones entre los comedores populares a los que asisten diariamente miles de familias empobrecidas.
En su primera resolución, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a unos 20 miembros de esa organización izquierdista por la presunta administración fraudulenta de fondos en el marco del Plan Potenciar Trabajo, que adjudicaba tareas laborales a personas sin recursos. Las comparecencias ante el magistrado fueron fijadas para junio.
La pesquisa fue impulsada por el gobierno de Milei, que ha acusado de maniobras corruptas al Polo Obrero y a otras organizaciones sociales que desde hace décadas canalizan en Argentina una parte de la asistencia estatal destinada a sectores empobrecidos. Esas agrupaciones niegan las imputaciones.
El juez sospecha que el Polo Obrero, que funcionaba como un intermediario entre el Estado y los beneficiarios de los programas laborales, simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos", según el dictamen que fue reproducido por medios de prensa.
Casanello también citó a declarar a varios miembros de una cooperativa y de una asociación civil bajo la sospecha de haber extorsionado a los beneficiarios de esos planes para que participaran en protestas en contra del gobierno a cambio de recibir la ayuda.
La pesquisa fue impulsada a raíz de las denuncias recibidas en una línea telefónica gratuita habilitada por el gobierno en diciembre.
Belliboni afirmó a periodistas sobre la convocatoria judicial que “vamos a ir a declarar lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de economía (Luis Caputo) que redujo el ingreso de un plan social a la nada”.
El otra investigación —iniciada a instancias de un dirigente social que denunció la demora del gobierno en el reparto de alimentos a comedores— el magistrado ordenó al Ministerio de Capital Humano que en el plazo de 72 horas presente el acopio actual de productos almacenados y sus fechas de vencimiento, así como un plan para distribuirlos.
El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno apelará la resolución. “La justicia no se puede entrometer en la política pública”, dijo el funcionario, quien agregó que esos alimentos ”son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”.
Adorni sostuvo además que de los cinco millones de kilos de alimentos 3,1 millones corresponden a yerba mate comprada por el gobierno del presidente Alberto Fernández (2019-2023).
La organizaciones sociales cuestionan al Ministerio de Capital Humano la interrupción en la entrega de alimentos que distribuyen a los comedores en el marco de su plan de recorte del gasto público y bajo el pretexto de investigar sus tareas de intermediación, que ha calificado de irregulares.
Desde que asumió la presidencia Milei ha suspendido el pago de subsidios a miles de personas por incompatibilidades para acceder al beneficio y ha intentado limitar la influencia de las organizaciones sociales al reconducir la entrega de alimentos con otros intermediarios, como organizaciones religiosas. Asimismo reforzó la entrega de ayudas directas a familias sin recursos.
La pobreza afecta a cerca del 42% de la población de unos 47 millones de personas en un contexto inflacionario y de recesión económica.