Los retos del ambicioso plan de Petro para erradicar la hoja de coca en convulsa región de Colombia
El presidente colombiano Gustavo Petro trazó el plan de erradicación de cultivos ilícitos más ambicioso en lo que va de su gobierno para ser ejecutado en el corto plazo en la región del Catatumbo, que sufre una ola de violencia desde enero.
El plan anunciado esta semana consiste en erradicar 25.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca —la mitad de las que estiman sembradas en la región— durante el declarado “estado de conmoción interior”, una figura extraordinaria que puede tener una vigencia máxima de 270 días. El Estado pagará aproximadamente 310 dólares mensuales durante un año a los campesinos que acepten erradicar, mientras hacen el tránsito a economías lícitas.
El gobierno argumenta que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Catatumbo, fronterizo con Venezuela, impactará las finanzas de los grupos armados ilegales que desde enero sostienen confrontaciones. Al menos 71 personas han muerto y 55.000 se han desplazado, según el Ministerio de Defensa.
La inversión en el Catatumbo se proyecta también en carreteras, escuelas y acceso a la salud, en un territorio con baja presencia estatal.
Estos son los tres principales retos del plan de erradicación.
Seguridad de una zona en conflicto
El Catatumbo, clave por los sembradíos de hoja de coca y las rutas del narcotráfico y contrabando, está siendo disputado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.
En medio de las confrontaciones armadas, de las cuales el gobierno ha responsabilizado al ELN, la fuerza pública ha redoblado esfuerzos para retomar control de la región, sin lograr hasta ahora garantizar las condiciones de seguridad para el retorno de los desplazados.
“El Estado y las instituciones no tienen aún las garantías de seguridad necesarias para entrar a iniciar el programa de erradicación y mucho menos para completar el proyecto”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group. “Lo que veo es que en vez de consolidar el control estatal, el ELN es el que se ha consolidado y sacado a sus rivales", explicó.
Erradicar más que en años anteriores
Petro pretende erradicar en el Catatumbo más de lo que lo ha hecho en todo el país en años anteriores. En 2024 la meta fue de 10.000 hectáreas, mientras que en 2023 fue de 20.000 hectáreas.
El área sembrada con hoja de coca alcanzó las 253.000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Petro aseguró que para el programa en el Catatumbo no utilizará fumigación con herbicidas sino sólo erradicación voluntaria, luego de convencer a los cultivadores.
En 2022 el presidente propuso una sustitución gradual de los cultivos que permitiera mantener los de hoja de coca, al tiempo que sembraban cultivo legal buscando sustituirlo completamente. Sin embargo, como dicho proyecto no se materializó, el gobierno tendrá el reto de convencer a los campesinos con uno nuevo.
La sustitución de cultivos ilícitos no es una idea nueva en Colombia, distintos gobiernos lo han intentado, especialmente desde 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC y se creó un programa de sustitución de cultivos en el que se inscribieron más de 99.000 familias de cultivadores. Sin embargo, Petro admitió que no han cumplido a través de los años la mayoría de los campesinos que se acogieron a dicho programa.
Evitar la resiembra
Para Ana María Rueda, coordinadora del análisis sobre la Política de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno podría avanzar en la erradicación, pero no es claro que logre la consolidación del proyecto de sustitución en un año y medio —lo que resta del mandato de Petro—.
“Si la meta es erradicar, lo hace. Pero el campesino puede a los cuatro meses volver a cultivar coca si no tiene un programa en el territorio de desarrollo social y de control territorial por parte del Estado”, explicó Rueda a la AP.
El gobierno aseguró que ofrecerá a los cultivadores otras ayudas como titulación de tierras, créditos con facilidad de pagos para sus proyectos y acceso a servicios como educación, salud e infraestructura vial, clave para la comercialización de productos legales.
Según Rueda, la titulación de tierras aumenta la probabilidad de que los campesinos no siembren hoja de coca de nuevo porque da arraigo, siempre que cuenten con una fuerte estable de sustento, tengan seguridad y exista un compromiso de continuidad de un próximo gobierno.