Ayotzinapa: todo lo que sabemos sobre la participación de la Marina en el caso

A casi ocho años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, la única certeza que se tiene sobre lo ocurrido es que la “verdad histórica” presentada por las autoridades de ese entonces es una simulación.

Un nuevo informe presentado por miembros del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes) revela que recibieron un vídeo en el que se observa a integrantes de la Marina manipulando evidencia en el basurero de Cocula, donde supuestamente se incineró a los 43 jóvenes.

Este vídeo, a juicio de los integrantes del GIEI, confirma las sospechas de que el informe elaborado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no es real”.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando iban a bordo de un autobús de pasajeros que habían secuestrado en Iguala, Guerrero. Su objetivo era llegar a la Ciudad de México para participar en un mitin conmemorativo de la matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968.

Después de investigar los hechos por varios meses, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, determinó que la policía municipal de Iguala secuestró a los jóvenes desaparecidos y los entregó a un grupo de sicarios del cártel Guerreros Unidos. Según Murillo Karam, los narcos llevaron a los estudiantes al basurero municipal de Cocula, donde incineraron sus cuerpos y esparcieron sus cenizas en el río San Juan.

Desde un principio, esa versión, conocida como la “verdad histórica”, ha sido cuestionada por numerosos expertos debido a las múltiples inconsistencias que presenta. El nuevo reporte del GIEI termina por derribar el reporte elaborado por Murillo Karam.

“Ya hay demasiados elementos que dan cuenta que [la verdad histórica] no es real. En su momento dijimos… que con pruebas científicas no era posible que se hubiera producido un incendio de la magnitud necesaria para reducir a cenizas 43 cuerpos”, aseguró el abogado chileno Francisco Cox, integrante del GIEI, a Milenio Televisión.

Cox aseguró que la misma Secretaría de Marina les proporcionó el vídeo donde se observa, desde un dron, la forma en la que el personal de esa institución altera la supuesta escena del crimen, es decir, el basurero de Cocula.

En una parte editada del vídeo que los expertos presentaron, se ve que tres camionetas de la Marina llegan al basurero, alrededor de las 7 de la mañana del 27 de octubre de 2014. Varios elementos bajan y junto a ellos se ven tres bultos blancos. Después se observa humo en la parte central del vertedero y un fuego con una extensión de alrededor de metro y medio. A las 7:37 de la mañana, los tres bultos blancos ya no están y los marinos regresan a las camionetas, suben algo en la parte trasera y abandonan el lugar.

Casi una hora después, a las 8:28 de la mañana, llega al basurero un convoy de la Marina y de la anterior Procuraduría, en el que va Murillo Karam, quien ese mismo día anunció que los estudiantes habían sido cremados en ese lugar.

En su informe, el GIEI concluye que la Marina fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Igual, así como en la elaboración de la versión oficial del gobierno de Peña Nieto.

El reporte sostiene también que el Ejército llevó a cabo investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real, además de mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, lo que habría ayudado a localizar a los jóvenes. Pero no agrega información relevante sobre qué fue lo que en realidad ocurrió.

“Todavía no sabemos lo que pasó y cada segundo que se pierde en una investigación criminal es verdad que se aleja”, sentenció el abogado Cox.

El nuevo informe también subraya que hubo dos investigaciones paralelas: una oficial y otra de un grupo de crisis que se mantuvo en secreto. Y .agrega que la llamada “verdad histórica” fue un montaje dirigido por una “autoridad superior”, cuyo nombre no se revela, en el que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero hasta la federal, el Ejéricto, la Marina, los servicios de inteligencia y agencias de la entonces PGR ( Procuraduría General de la República).

Por lo que respecta al móvil de la desaparición, el nuevo informe tampoco arroja nueva luz. El gobierno anterior sostuvo que miembros del crimen organizado confundieron a los estudiantes con un cártel rival. Sin embargo, esta teoría no se ha probado.

Desde 2014, las autoridades han detenido a unas 140 personas, pero la mayoría ha salido libre por irregularidades en sus procesos. El entonces jefe de la investigación, Tomás Zeron, está prófugo en Israel, acusado de tortura y desparición forzada.

Los expertos del GIEI fueron nombrados por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para investigar el crimen de Ayotzinapa. El informe que presentaron sobre la participación de la Marina en estos hechos se basa en documentos y vídeos de instituciones militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años.

Cox indicó que, aunque el acceso a algunos de esos registros se trató de bloquear, al final los abrieron por orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, desde el inicio de su mandato, prometió aclarar el misterio de la desaparición de los jóvenes.

Al darse a conocer el informe del GIEI, AMLO anunció que ya ordenó investigar a los jefes de la Marina que participaron en la alteración de los hechos de Ayotzinapa y agregó que la indagatoria pondrá énfasis en el almirante responsable de la acción. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la instancia que realizará las averiguaciones.

López Obrador dijo también, durante su conferencia mañanera, que “se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”. Y agregó que el reporte del GIEI es muestra de que se está cumpliendo su instrucción de entregar a la Fiscalía General y a los expertos nombrados por la CIDH toda la información que se necesita para aclarar el caso.

A pesar de ello, familiares de las víctimas han reaccionado con escepticismo y molestia. Varios padres de familia cuestionaron la actuación de las fuerzas armadas, no sólo durante la administración de Peña Nieto sino en los tres años que lleva el gobierno de López Obrador, durante los que ha prevalecido la opacidad de la información en torno al caso.

En este contexto, es claro que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una herida que no cierra y se ha convertido en un símbolo de la corrupción y turbiedad con que opera el sistema judicial en México, sobre todo en detrimento de los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad.