Miles de indígenas del suroeste de Colombia presionan al gobierno por violencia y disputa de tierras

Cerca de 3.000 indígenas del suroeste de Colombia protestaron el martes en las calles de Bogotá, exigiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro —al que usualmente han apoyado— acciones ante la creciente violencia generada por grupos armados ilegales y la expedición de normativas que garanticen la protección jurídica de su territorio.

Se trató de la primera movilización en las calles de Bogotá desde que arribaron hace una semana desde el departamento del Cauca, tras recorrer más de 500 kilómetros en autobuses, para acampar en un parque del centro de la ciudad a la espera de lograr acuerdos políticos con el alto gobierno.

“Hoy (el movimiento indígena) le muestra al país que no está subyugado a ningún gobierno, que respaldamos a este gobierno, sí, pero que tenemos el carácter y la capacidad de autocrítica de decir qué está funcionando mal”, dijo a The Associated Press Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la máxima autoridad de la comunidad en la región.

Por las calles del centro de Bogotá los indígenas caucanos marcharon pacíficamente sosteniendo banderas rojas y verdes —los colores característicos del CRIC— de varios metros de longitud, tocando música tradicional con flautas hechas de madera y acompañados de cerca de 600 miembros de la Guardia Indígena, su propia forma de protección colectiva, cuyos miembros estaban identificados con chalecos y bastones.

Sauca aseguró que no tienen una fecha exacta de retorno a su territorio, el cual condicionó con el pacto de acuerdos concretos con el gobierno. “La gente está con mucha fuerza, como lo pueden ver, se ha dicho que si es necesario sumar con más gente lo vamos a hacer”, advirtió.

Los indígenas reclaman acciones concretas para proteger sus comunidades de la violencia. En el Cauca hacen presencia varias facciones de las disidencias de la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado, así como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

El gobierno de Petro —primer izquierdista en gobernar el país— ha abierto varias mesas de negociación con los actores armados en el marco de su política de “paz total”, sin embargo, algunas facciones se han retirado de la mesa en los últimos meses y han activado las confrontaciones.

“No solo es el diálogo con un actor (armado ilegal), sino también mirar el diálogo con la sociedad civil... porque somos los que hemos vivido el conflicto”, señaló a la AP José Weimar Tenorio, coordinador político de la Guardia Indígena del CRIC.

Además, el movimiento indígena busca que el gobierno expida un decreto que active lo que han llamado las “Autoridades Territoriales Económico Ambiental (ATEA)”, que fortalecería la jurisdicción de los indígenas sobre territorios en los que habitan y en los que hay conflictos por tierras con otros grupos, como los campesinos.

Sauca explicó que ese decreto “blindaría” sus territorios y también daría un enfoque diferencial para que desarrollen una economía propia en la que, proponen, se desarrollen proyectos en los que se utilice la hoja de coca para hacer abonos o químicos, más allá del uso espiritual que tiene para sus comunidades.

Más temprano, el presidente anunció desde X, antes Twitter, que el decreto ATEA está listo: “Es un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca y su organización el CRIC. Un paso adelante en la concertación social”.

El vocero del CRIC explicó que pese al anuncio del presidente decidieron movilizarse para continuar presionando y lograr que se le “entregue” el decreto al movimiento y se lleve a la práctica.