Miles de maestros colombianos presionan al Congreso en contra de proyecto sobre educación
Más de 22.000 maestros de instituciones estatales protestaron el lunes en las calles de Bogotá para exigir al Congreso que no apruebe una ley de iniciativa gubernamental que reglamenta el sistema educativo.
Las protestas presionan a un Congreso que tiene en sus manos una propuesta educativa que regula el derecho fundamental a la educación desde el preescolar hasta el nivel universitario.
Define el modelo educativo y su financiación y el sindicato no está de acuerdo con que se reconozca que el sistema educativo se compone de los sectores público, privado y mixto, porque temen que recursos estatales sean destinados a privados. También piden que sea incluida la obligatoriedad de la educación preescolar y se elimine un criterio de evaluación.
El proyecto está en último debate para ver si se aprueba o no la ley de educación con el tiempo en contra, debido a que a partir del 20 de junio el legislativo iniciará un periodo de receso.
“Si no se hunde seguiremos en las calles hasta cuando sea necesario, porque aquí no vamos a permitir que algo por lo que hemos luchado toda la vida y por lo que Fecode ha estado luchando en las calles vaya a ser violentado”, dijo a The Associated Press César Muñoz, presidente del sindicato de docentes del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, quien protestaba en el centro de Bogotá.
La nutrida manifestación con más de 22.000 maestros, según cifras de la alcaldía, hace parte de un llamado a huelga nacional hecho desde la semana pasada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), un sindicato que suele apoyar al gobierno pero que en esta ocasión, por primera vez, lo presiona desde las calles.
El paro laboral, sumado a las protestas y asambleas de maestros en todo el país, generaron un cambio en la propuesta que llevó la bancada de congresistas que apoyan al gobierno para ser discutida en el Senado.
El pasado jueves se rompió un acuerdo político que el gobierno había logrado con sectores de oposición en el tercer debate y que fue rechazado por el sindicato de maestros. En consecuencia, el gobierno y la oposición radicaron dos ponencias separadas, lo que podría dilatar la discusión y dificultar un consenso.
La senadora María José Pizarro, del partido de gobierno, señaló en un comunicado que la propuesta que presentó su sector político “elimina todos los reparos” señalados por múltiples organizaciones y recoge las propuestas del sindicato, los estudiantes y la comunidad educativa.
La propuesta elimina uno de los cambios que habían acordado con los opositores, que incorporaba como criterio para evaluar a los maestros el resultado que obtuvieran los estudiantes en las pruebas de Estado.
“Nos afecta el tema de la evaluación... Imagínate un salón con 30 chicos y dos que tengan alguna discapacidad, una barrera de aprendizaje, pues el docente se va a tirar (fallar) la evaluación y ellos no están mirando eso”, reclamó Leidy Johana Soler, docente de la ciudad de Tunja, a 138 kilómetros de Bogotá.
Los maestros también piden que la ley que cursa en el Congreso especifique que el dinero estatal será priorizado para la educación pública, mientras que los opositores consideran necesario que se incluya que el modelo es un sistema mixto, en el que confluyen instituciones públicas y privadas.