Militares y policías persiguen a pandilleros en populoso barrio salvadoreño
Más 2.000 soldados y 500 policías cercaron el lunes un populoso barrio en la periferia sur de la capital salvadoreña para perseguir y capturar a remanentes de las pandillas que estarían tratando de establecerse en la zona, informó el presidente Nayib Bukele.
“Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos. Hemos establecido un cerco de seguridad en toda la colonia... para extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área”, dijo el mandatario en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.
El despliegue está encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se encuentra en la zona supervisando las operaciones.
“Estamos tras estos delincuentes. Tenemos indicios de que se quieren establecer en este sector y por esa razón el señor presidente ha tomado a bien ordenar el establecimiento de este cerco”, manifestó el ministro de la Defensa Nacional al explicar a los periodistas el operativo conjunto.
Merino Monroy agregó que elementos de la unidad de tránsito de la policía han establecido retenes en las proximidades para evitar posibles fugas de pandilleros de la zona y afirmó que ya tienen “los archivos, los perfiles de ellos y que son los que se puede encontrar en estos sectores”.
Este es el tercer cerco de seguridad militar instalado en lo que va del año para ubicar y capturar a pequeños grupos de pandillas que continúan operando en el país.
En marzo de este año Bukele ordenó cercar tres populosas comunidades del norteño departamento de Chalatenango con el fin de desarticular un grupo de la pandilla Barrio 18 Sureños vinculada con dos homicidios.
Por más de tres décadas, las maras o pandillas, con presencia en populosas comunidades y barrios del país, extorsionaron a empresarios de autobuses y a la población en general y asesinaron a quienes no pagaban. También se involucraron en el narcotráfico.
En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 5.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 1000.000 habitantes.
Pero el panorama cambió luego de que el país registró 62 homicidios en un sólo día y el Congreso aprobó en marzo de 2022 la solicitud de Bukele establecer un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como el derecho de asociación y permite a las autoridades intervenir comunicaciones de sospechosos.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial-- se extendió de 72 horas a 15 días. Los detenidos pierden el derecho a ser debidamente informados de los motivos de su aprehensión y a acceder a un abogado para su defensa.
El Congreso también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
La medida, de naturaleza temporal, lleva más de dos años y medio en vigor y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por organismos y activistas de derechos humanos, los cuales han registrado más de 6.000 denuncias presentadas por las víctimas y dicen haber documentado la muerte de 329 personas privadas de libertad.
El país cerró 2023 con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con las autoridades. En lo que va del año la policía ha registrado 125 asesinatos.